Gobierno niega que haya comprado voto de parlamentaria

El Gobierno negó que haya comprado el voto de una parlamentaria que en 2004 salvó la gestión legislativa de la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del presidente Álvaro Uribe en los comicios de mayo 2006.

El Ejecutivo "no tiene nada que ocultar en el manejo de su política de dar representación a los partidos de Gobierno", aseguró la Casa de Nariño en un comunicado público.

La nota fue divulgada un día antes de que un noticiero nacional presente un anunciado video en el que la ahora ex parlamentaria Yidis Medina confirma que, al parecer, recibió ofertas para votar en favor de la enmienda sobre reelección presidencial, aprobada en diciembre de 2004.

El voto de la entonces representante a la Cámara facilitó el paso de esta reforma a la Constitución, que fue promovida por partidos y movimientos afines a Uribe, disidente liberal que llegó al poder por primera vez en agosto de 2002.

En el comunicado, la Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño aseguró que conoce que el director de ese noticiero, Daniel Coronell, y la ahora ex congresista conservadora "han preparado desde agosto de 2004" el documento fílmico.

En él, Coronell "induce las respuestas" de Medina, agregó la nota, y subrayó que ambos hablaron de manera previa sobre las preguntas y las respuestas, y lo guardaron "hasta cuando ambos interesados consideraran llegado el momento de emitirlo".

"El móvil del video ha sido la obtención de beneficios y favores del Gobierno para la parlamentaria, simulando que su voto fue comprado", prosiguió el comunicado.

En el mismo se la acusa a ella por recurrir a altos funcionarios para buscar contratos y nombramientos sin respetar "la directriz expresa de dar representación política a todos los sectores de la bancada de Gobierno, dentro del marco de la transparencia y la honradez".

Según la nota, "como no ha habido nombramientos y contratos corruptos y clientelistas, la parlamentaria y el periodista consideran que 'no se le han cumplido las promesas y, en consecuencia, ha llegado el momento de hacer pública la grabación de agosto de 2004'".

En el mismo comunicado el Ejecutivo solicitó a la fiscalía y a la procuraduría que inicien "de inmediato la investigación correspondiente".

Además, consideró que los comités de ética de las organizaciones periodísticas "deben investigar la conducta de quienes se presten para manipular y pervertir la información con entrevistas pactadas".