Militares retirados rechazan invitación de Farc a diálogos de paz

Según explicó a periodistas el presidente de Acore, el general en retiro Jaime Ruiz, dicha visita es "inviable" porque esta entidad "no representa la totalidad de la institucionalidad de militares y policías", y también porque esas cuestiones las debaten en Colombia con funcionarios del Estado y no directamente con la guerrilla.

"No somos parte del proceso de negociación, nada tenemos que ver con este asunto, formamos parte de una institución, no tenemos porqué estar allá (en Cuba) discutiendo una cosa que no nos corresponde en una negociación política para lo cual el Gobierno ya designó una comisión", subrayó Ruiz.

Asimismo, recordó que quien les representa en la mesa de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) es el general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora, uno de los negociadores plenipotenciarios del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Fue precisamente Mora quien le entregó hoy la carta, que está firmada por el jefe negociador del grupo armado en La Habana, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez".

El documento, al que tuvo acceso Efe, propone una reunión en la que ambas partes, con la asistencia de sus respectivos asesores jurídicos, hablen "detenidamente de los escenarios" que se contemplan "para alcanzar una solución en materia de justicia aceptable para todos".

La guerrilla sostiene que "no puede atribuirse exclusivamente a las Fuerzas Armadas y policiales colombianas la responsabilidad última" por "graves crímenes de Estado", ya que en una democracia "la cadena de mando tiene su cúspide en el poder político".

Por ello, las Farc, la guerrilla más grande del país, consideran oportuno reunirse con los militares en retiro para que estos no sean señalados como "máximos responsables de los delitos cometidos por el Estado" y que unas eventuales responsabilidades mayores queden en la impunidad.

Sobre la justicia que aplicará en el futuro posconflicto, aún por definir, la guerrilla insistió en su rechazo a penas de prisión ya que, a su juicio, "condicionar el éxito del proceso de paz al encarcelamiento de cualquier beligerante, es una mera opción política, no jurídica, que está condenada al fracaso".

Y destacaron que en el derecho interno colombiano se plantea la posibilidad de aplicar penas alternativas "de carácter restaurativo" que impedirían "futuras reclamaciones ante cualquier instancia o jurisdicción nacional o internacional".

El Gobierno colombiano y las FARC negocian desde noviembre de 2012 en Cuba un acuerdo de paz para darle fin a un conflicto armado de más de 50 años. EFE