Si miembros de las Farc vuelve a delinquir podrían ser extraditados

Durante la conmemoración el Presidente afirmó que si existen hechos de reincidencia en los miembros de las Farc, podrían ser extraditados y aclaro que los desmovilizados de las Farc tienen que cumplir con su compromiso de no volver a actividades ilegales, pero también tienen que asumir su responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto.

Afirmó que que habrá penas restrictivas de la libertad para los desmovilizados de la Farc y afirmó que los responsables de delitos atroces no tendrán amnistía. 

Explicó que “es la primera vez en la historia de la resolución de conflictos armados con grupos insurgentes que no se otorga una amnistía general, sino que los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad deberán ser investigados, juzgados y sancionados”.

Y en ese orden de ideas enfatizó que “aquí no habrá impunidad, como muchos han sugerido con el claro objetivo de desinformar”. También puso de presente que “no se trata de sanciones meramente simbólicas. No”.

Indicó que las “sanciones serán impuestas por un tribunal independiente e imparcial integrado por magistrados de las más altas calidades; su ejecución practica estará sujeta a un régimen de seguridad y vigilancia, y habrá monitoreo continuo de órganos nacionales o internacionales”.

Con respecto a la conformación de ese tribunal, el Presidente señaló que “ya está establecido, ojo, que no serán sugeridos y mucho menos nombrados por ninguna de la partes, sino que su designación será hecha por terceros que tengan un gran reconocimiento y legitimidad nacional e internacional”.

También precisó que dicho tribunal será informado periódicamente sobre el cumplimiento de las sanciones que se considerarán cumplidas cuando el mismo tribunal “certifique que su sentencia fue ejecutada de manera seria y rigurosa”.

Recordó, una vez más, que “los miembros de las Farc que reconozcan que participaron en los crímenes más graves y representativos estarán sujetos a sanciones, impuestas por el Tribunal de Paz, con una restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años,complementada con la obligación de realizar obras y trabajos en beneficio de las víctimas”.

“Aquí se aplica una justicia punitiva y, a la vez, una justicia restaurativa y reparadora”, subrayó.