Diálogos de Paz

Colombia da un paso para sacar las drogas de su conflicto armado

El Gobierno colombiano y las FARC constituye un paso fundamental para la solución del conflicto armado en el país al quitar del camino un elemento que lo ha alimentado durante décadas.

El jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, anuncia un acuerdo en el tercer punto de la agenda sobre drogas ilícitas en los diálogos de paz, en La Habana (Cuba). Foto: EFE
El jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, anuncia un acuerdo en el tercer punto de la agenda sobre drogas ilícitas en los diálogos de paz, en La Habana (Cuba). Foto: EFE

El Gobierno colombiano y las FARC constituye un paso fundamental para la solución del conflicto armado en el país al quitar del camino un elemento que lo ha alimentado durante décadas.

El acuerdo sobre el problema de las drogas ilícitas anunciado este viernes en La Habana por las delegaciones del Gobierno colombiano y las FARC constituye un paso fundamental para la solución del conflicto armado en el país al quitar del camino un elemento que lo ha alimentado durante décadas.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) surgieron hace 50 años, mucho antes de que el fenómeno del narcotráfico se enquistara en la sociedad colombiana, pero en las últimas décadas el negocio de las drogas se convirtió en una millonaria fuente de ingresos para algunos frentes guerrilleros, según las autoridades.

Las FARC lo niegan y aseguran que su única relación con la droga es el cobro de lo que denominan "gramaje", un "impuesto" a los productores de pasta base que se encuentran en zonas de su influencia.

En noviembre pasado, al comenzar la negociación del punto cerrado el viernes, el jefe negociador en La Habana y número dos de esa guerrilla, "Iván Márquez" dijo que el "gramaje" se empezó a cobrar a los campesinos "siempre pensando en sus derechos, protegiéndolos frente a los abusos de los intermediarios y narcotraficantes".

Según un informe de mayo de 2013 de la Fundación InSight Crime, una institución de investigación independiente, a pesar de las reiteradas negativas por parte de los jefes guerrilleros, "existe abundante evidencia sobre la participación de las FARC en los diferentes eslabones de la cadena de las drogas, incluso en el ámbito transnacional y de las exportaciones".

El Gobierno considera que las FARC tienen una participación de más del 60 % en el negocio del narcotráfico en el país, cifra que coincide con el cálculo del coordinador residente de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, quien dijo ayer a Efe que el acuerdo alcanzado tendrá "impacto en el 70 % de los cultivos ilícitos" de coca colombianos.

Las zonas más cultivadas con coca son generalmente aquellas en las que las FARC tienen mayor presencia, como el Catatumbo, el Guaviare, Nariño o Putumayo.

En su informe, InSight Crime calcula que tomando como base la producción de pasta base de coca de Colombia en esos más del 60 % de los cultivos en los que participan las FARC, ese grupo recauda anualmente unos 45 millones de dólares solo por el cobro del "gramaje", sin intervenir en otras etapas de la cadena del narcotráfico.

Por eso, la "solución conjunta e integral" que se plantea en el acuerdo, que abarca programas de sustitución de cultivos ilícitos, de prevención del consumo desde una óptica de salud pública y el tráfico de drogas propiamente dicho, representa un gran avance no sólo en las negociaciones con las FARC sino en la lucha contra el narcotráfico.

"Con esto le quitaríamos la gasolina que ha avivado el conflicto en Colombia -el narcotráfico- y todas sus secuelas de corrupción sobre las instituciones y los privados", manifestó el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, en la declaración que dio en La Habana tras la presentación del acuerdo.

El presidente Juan Manuel Santos, en la explicación que dio al país de lo pactado, puso énfasis en la eliminación de los cultivos ilícitos mediante programas de sustitución que se complementan con la reforma rural integral prevista en el primer punto acordado con las FARC, el de la cuestión de tierras.

"La meta acordada con las FARC es que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos", destacó el presidente, lo que supone desmontar en un plazo no determinado la base de un negocio no sólo de la guerrilla sino de las numerosas organizaciones criminales del narcotráfico que en las últimas décadas han cubierto de violencia y sangre al país, dejando miles de muertos.

El área cultivada con coca en el país viene en retroceso desde las cerca de 145.000 hectáreas existentes en 2001 hasta las 47.790 de 2012, según el informe de 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que calculó que esta actividad ilícita ocupa el 0,04 % de las tierras cultivables de Colombia y se ha detectado en 23 de los 32 departamentos del país.

Para esa reducción fue fundamental el "Plan Colombia", el programa de ayuda estadounidense aprobado en el año 2000, durante los gobiernos de Bill Clinton y Andrés Pastrana, que continuaron los sucesores de ambos, por medio del cual el país recibió de Washington más de 8.000 millones de dólares en una década para la guerra contra las drogas.

El narcotráfico no desaparecerá del escenario colombiano con el fin del conflicto con las FARC, pero con la estrategia planteada en el marco de un acuerdo de paz su peso se reducirá.

La ONU, que en noviembre entregó a los negociadores las propuestas de un foro sobre drogas ilícitas celebrado en Colombia, considera que aunque el país le cedió a Perú el primer puesto como productor mundial de cocaína, otro peligro le acecha: empieza a convertirse en una nación consumidora. Jaime Ortega Carrascal. EFE

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