Diálogos de Paz

Álvaro Uribe: "Este proceso premia al terrorismo"

El senador del Centro Democrático crítica los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc, desde Santa Marta, asegurando que el país va directo al Castro Chavismo.

Foto: EFE
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El senador del Centro Democrático crítica los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc, desde Santa Marta, asegurando que el país va directo al Castro Chavismo.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al documento final, de 297 páginas, firmado por el Gobierno Nacional y las Farc, y anunciado por el presidente Juan Manuel Santos el miércoles 24 de agosto.

En un discurso de 9 páginas, el senador Uribe, criticó las determinaciones tomadas por la mesa de negociaciones entorno al acuerdo de tierras y la justicia transicional que aplicará para los delitos de los guerrilleros de las Farc. 

De esta manera se refirió al senador Uribe al acuerdo:

"297 páginas en una sola pregunta y de afán. No al plebiscito es igual a que reorienten los acuerdos."

En lugar de obtener la paz, el premio al crimen multiplica los criminales. El Gobierno ha utilizado este proceso para estimular el descrédito de nuestra democracia ante propios y ante la comunidad internacional. La democracia más extensa y menos interrumpida de América Latina, que ha superado todas las imperfecciones, sin claudicar ante el terrorismo, queda igual a las dictaduras y el narcoterrorismo de las Farc como una legítima insurgencia de aquellas que enfrentaron a esas dictaduras. 

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Nuestras Fuerzas Armadas, ejemplares en su espíritu democrático, son igualadas al terrorismo. Sometidas a su tribunal, condenadas a aceptar delitos no cometidos para evitar la cárcel y engañadas por la mentira oficial que les niega alternativas institucionales de alivio judicial.

El Gobierno ha estimulado una campaña contra más de 2 millones de agricultores y ganaderos víctimas del terrorismo. Por ejemplo, las palabras del abogado Santiago de las Farc; la ley de tierras incendiara de guerras rurales a machete; el patrocinio oficial a invasiones y el texto de La Habana, reduce a los agricultores a la condición de asesinos y desplazadores de campesinos.

El Gobierno disimula su indiferencia frente a los anhelos populares con un acuerdo de demagogia agrarista que busca la colectivización del campo y la destrucción del agro productivo. Así empezaron Castro y Chavés; dejaron a sus pueblos sin comida, después destruyeron la industria, la economía toda. Ahuyentaron a los empresarios y arruinaron a los trabajadores.

Los ciudadanos honestos del campo rechazan la expropiación de sus tierras, reclaman condiciones para hacerlas producir.

El Gobierno negocia el campo con las Farc, que ha sido su verdugo. Sin embargo, disminuye para 2017 los recursos de inversión agropecuaria y en los años anteriores derrochó jugosas cuantías.

El Gobierno se obliga a titular las zonas rurales de las Farc de reserva campesina, pero ignora, por ejemplo, el reclamo de los llaneros por los títulos de las tierras que han trabajado históricamente.

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El Gobierno niega servir al Castro Chavismo, pero le allana el camino. Chavés, inicialmente, negó el castrismo. Las Farc, por lo menos, confiesa su socialismo siglo XXI.

El Gobierno miente a los civiles con el anuncio de que al tribunal, las Farc irán solamente los determinadores de delitos, no obstante que el texto obliga a someterse a todo aquel que hubiera participado directa o indirectamente en el supuesto conflicto.

El Gobierno acepta el supuesto tribunal de terrorismo, en lugar de reformar la justicia institucional, reformarla con doble instancia. Acciones de revisión obligatorias y temporales, garantías de imparcialidad de sus administradores.

Este proceso premia al terrorismo, al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces en país con más de 100 mil presos por delitos menores que los de las Farc. 

Premia al terrorismo con elegibilidad política que no tienen esos presos. Elegibilidad política que no tienen los paramilitares, ni los políticos que han perdido la investidura.

Premia al terrorismo con la aceptación del lavado de dineros del narcotráfico, delitos sin castigo en cabeza de las Farc, el mayor cartel de cocaína en el mundo.

Nada justifica la elección de "Timochenko" al Senado a la presidencia. O de Joaquín Gómez a la Gobernación de La Guajira. Nuestra democracia le brindó todas las oportunidades y prefirieron seguir con el asesinato.

Braulio Herrera e Iván Márquez estuvieron en el Congreso, combinaron la política con la violencia, una de las causas del exterminio de la Unión Patriótica y Márquez regresó a su escondite en Venezuela, desde donde ordenaba secuestros y carros bomba.  

Con su dinero, las Farc podrá remplazar todas las armas que entregue. En la política creará una distorsión para comprar votos, superior a la mermelada corrupta del Gobierno.

Este proceso convierte a las Farc en grupo paramilitar, socio del Estado para combatir a otros delincuentes. A manera del pasado, cuando asociaron al Estado con narcotraficantes, que, como a “Don Berna” convirtieron en paramilitares, con la disculpa de combatir a otros narcotraficantes y con daño irreparable a las instituciones.

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Grave riesgo tener como escoltas a personas acostumbradas a la vida del delito.

Este proceso, convierte a las Farc en interlocutora para negociar derechos de la mujer a sabiendas de su autoría sistemática de violación de niñas que, con fusil, han obligado a abortar.

Este proceso ha estado signado por la cadena de mentiras del Gobierno que pasó de negar la impunidad a justificar que los máximos responsables no vayan a la cárcel.

Que propuso el referéndum y para eludir su umbral, y la obligación de una pregunta por cada tema, adoptó el plebiscito de una sola pregunta. Un umbral reducido al 13 %, apoyado por el aparato estatal, los fusiles del terrorismo y la intimidación a los servidores públicos y a los civiles.

Mentiras del Gobierno que aceptó que "Timochenko" pueda ser el Presidente de la República, después de haber asegurado que no podían ser congresistas.

El discurso oficial ocultó que a las curules aseguradas, le suma otras 16, que surgirán de circunscripciones exclusivas de candidatos de Farc o afines.

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