HRW denuncia que el Gobierno colombiano obstruye investigación de ejecuciones

En una rueda de prensa en Bogotá, el director para las Américas de esta organización defensora de los derechos humanos, José Miguel Vivanco, presentó un balance sobre esas ejecuciones, conocidas como "falsos positivos".

Vivanco hizo públicas sus conclusiones tras reunirse con la Fiscalía y los ministros de Presidencia, Interior y Justicia, para determinar que los progresos en la investigación de esos crímenes son tímidos porque hay una clara "falta de cooperación militar" que provoca "dilaciones".

En la Fiscalía hay registradas hasta 4.300 víctimas de "falsos positivos", es decir, civiles que fueron reclutados bajo la promesa de un empleo para luego ser asesinados y presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate por militares que buscaban beneficios o ascensos al interior del cuerpo.

"Fueron asesinados a sangre fría por miembros del Ejército", insistió Vivanco, al explicar que "constituyen una práctica sistemática a la luz de las evidencias" recogidas por esta ONG estadounidense.

"Es de las atrocidades más graves que se le pueden imputar a un servidor público", aseveró.

Por esos hechos, que se produjeron "fundamentalmente durante la década anterior, bajo la administración de Uribe", según el director de HRW, han sido condenados 800 militares, el 95 % de ellos simples soldados.

En cuanto a altos mandos, si bien hay 70 bajo investigación, tan sólo se han registrado once condenas (siete a coroneles y cuatro a tenientes coroneles).

Las sentencias dictadas se quedan en el escalafón más bajo de la jerarquía militar, denunció HRW, que, sin embargo, dijo tener constancia de que hay procesos abiertos contra quince generales, "algunos de los cuales se encuentran en activo", según Vivanco.

Y de los 3.400 procesos abiertos, el 60 % se encuentra en investigación preliminar, agregó.

Entre las trabas más utilizadas están las dilaciones en las investigaciones y las audiencias judiciales, pues es "casi habitual" que las citas de la Fiscalía "sean suspendidas por los abogados que representan a los involucrados".

En el apartado de cooperación militar, la ONG reveló que los soldados que tienen información sobre sus superiores están bajo vigilancia y reciben "amenazas constantes".

Vivanco destacó el caso del soldado Nixón de Jesús Cárcamo Sánchez, testigo clave en uno de los casos, pero que, tras recibir amenazas por declarar en contra de sus jefes, fue hallado muerto a finales de octubre en un calabozo de la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba (noroeste).

Oficialmente se informó de que el militar se había suicidado.

"Este caso sienta un precedente y puede servir para atemorizar a otros soldados que estén en circunstancia similar", denunció el activista.

Vivanco arremetió ante la prensa contra el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al que acusó de organizar una "emboscada legislativa" para "blindar" los crímenes cometidos por militares en el marco del conflicto armado.

Asimismo alertó sobre los peligros de la ampliación del polémico fuero penal militar, que se debate en el Congreso a propuesta del Ministerio de Defensa y que ampliaría las competencias de los tribunales castrenses.

"Lo que se persigue es blindar a los militares", puntualizó el responsable de la ONG, al considerar que los casos de "falsos positivos" serían arrebatados a la Fiscalía en favor de tribunales militares.

Según Vivanco, "estamos hablando de retrocesos históricos de conquistas judiciales del Estado de Derecho colombiano en los últimos 20 años".

El director de HRW ha solicitado durante su visita a Bogotá una reunión con el ministro Pinzón para conversar sobre esas preocupaciones, pero "lamentablemente no se pudo concretar", concluyó. EFE