Gobierno rechaza mesa de negociación para levantar paro judicial

El ministro Reyes señaló en un comunicado que "para evitar que se generen falsas expectativas" debe quedar claro que "el Gobierno no se ha comprometido a asistir o a establecer ninguna mesa de negociación a cambio del levantamiento del paro".

El jefe de la cartera de Justicia enfatizó en que "las mesas de negociación para levantar el paro no fueron ni consultadas, ni informadas".

Horas antes, los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Ovidio Claros Polanco, y del sindicato Asonal, Fredy Machado, anunciaron que la huelga de la rama judicial se suspendía temporalmente para dialogar con el Gobierno.

En la reunión entre Claros y Machado se llegó a un acuerdo para establecer mesas de dialogo y así superar la crisis que atraviesa la rama judicial, explicaron en rueda de prensa en Bogotá.

"En las mesas (de negociación) estará sentado el presidente de Asonal (Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial) e invitaremos al Gobierno nacional y a la rama legislativa para poder superar la crisis", señaló el magistrado Claros.

No obstante, la suspensión de la huelga, que se inició para pedir mejoras salariales y de las condiciones de trabajo, durará solo hasta febrero, momento en que evaluarán si las partes consiguen un acuerdo definitivo satisfactorio.

Por su lado, el ministro de Justicia sostuvo que "la eventual reanudación del paro en febrero llevaría a los mismos resultados. El levantamiento del paro no puede estar condicionado, la justicia es un derecho".

La protesta judicial, que inició el pasado octubre y que ha durado en total 95 días, empezó con el cierre del complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, para afectar después a los demás despachos de la ciudad.

De hecho, según últimos datos oficiales, desde que el paro inició se ha impedido la realización de 23.000 diligencias solo dentro del ámbito de la Fiscalía.

Según datos de la Presidencia facilitados la pasada semana, la huelga es secundada solo por el 1 % de los trabajadores de la Fiscalía y por algo menos del 12 % en la rama judicial. EFE