Colombia es criticada en materia de defensa de derechos humanos

En su informe global sobre la situación de derechos humanos en el mundo, Human Rights Watch hace fuertes críticas al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, así como al Gobierno por impulsar reformas que promueven escenarios de “impunidad”. Esto en relación con el proyecto para reformar el fuero penal militar y el marco jurídico para la paz.

El director para las Américas de la ONG, José Miguel Vivanco, explicó que “el hecho de que el Gobierno, y en particular el Ministerio de Defensa, esté activamente promoviendo una legislación para reformar y ampliar el fuero penal militar y así llevarse casos de la justicia ordinaria a la militar, debe constituir otro impedimento, otro obstáculo serio”.

En ese sentido, critica que el Departamento de Estado de EE.UU. haya decidido continuar aprobando desembolsos en ayuda para Colombia, a pesar de que sus estándares en derechos humanos exigen que crímenes de esta naturaleza sean procesados exclusivamente por la justicia ordinaria.

El informe señala que las FARC y el ELN continúan utilizando minas terrestres antipersonal, que, según datos oficiales, les causaron la muerte a seis civiles y dejaron 65 heridos, entre enero y agosto del 2014.

Así mismo, indica que entre los años 2003 y 2006, organizaciones paramilitares con estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad y algunos políticos fueron sometidas a una desmovilización mediante un “proceso profundamente defectuoso”, en el que muchos miembros se mantuvieron activos y reorganizaron en nuevos grupos.

Estos sucesores de los paramilitares, a menudo dirigidos por desmovilizados, cometen abusos generalizados, como homicidios, desapariciones y la violencia sexual, agrega.

Por otra parte, afirma que debido a la violencia asociada al conflicto armado interno, se han desplazado por la fuerza a más de 5,7 millones de personas, cifra que cada año aumenta en 200.000, “generando la segunda población más grande del mundo de los desplazados internos”.

En cuanto a la violencia de género, denuncia su generalización, acompañada de la falta de formación y la deficiente aplicación de protocolos, que crean obstáculos para las mujeres y niñas que buscan una atención pos-violencia, lo que genera retrasos en el acceso esencial a servicios médicos.

El reporte anual de HRW también se refiere a los avances en los diálogos con las FARC y a los acercamientos con el ELN. Así mismo, menciona la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el desconocimiento por parte del Ejecutivo de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para la organización internacional, la justicia militar colombiana carece de independencia y tiene un historial muy pobre sobre investigaciones por violaciones a los derechos humanos.