Coca Cola habría financiado el terrorismo en Colombia

La compañía transnacional habría pagado a paramilitares para matar a líderes sindicales en Carepa, Antioquia.

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La compañía transnacional habría pagado a paramilitares para matar a líderes sindicales en Carepa, Antioquia.

Con miras a una Colombia sin guerra, tras los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc en La Habana, se siguen tejiendo las causa y los efectos de 50 años de conflicto armado, que en en la mayoría de los casos fue financiado por multinacionales, y que en este momento están dependiendo de la nueva Justicia Especial para la Paz que no solo llevará los casos de la guerrilla, sino de aquellos empresarios que financiaron la muerte de líderes sindicales.

El portal de noticias El Ciudadano recordó que cerca de 50 empresas, entre ellas Coca Cola, habrían participado en la financiación del terrorismo en Colombia. De acuerdo con el portal, Coca Cola "está acusada de contratar asesinos del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para asesinar a 9 líderes sindicales en sus plantas embotelladoras entre 1990 y 2002".

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"La hostilidad de la transnacional de bebidas se inició en mayo de 1992, cuando el Gerente de Coca-Cola, José Gabriel Castro, acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla", recordó 'El Ciudadano'

El portal cita el caso del líder sindical Isidro Segundo Gil, dirigente del sindicato Sinaltrainal, quien negoció pliegos de petición con la multinacional de bebidas gaseosas en Carepa, Antioquia. A Gil un grupo de paramilitares de las AUC los asesinaron el 5 de diciembre de 1996.

Pero ahí no terminó todo. Las AUC obligaron a que los líderes del sindicato y otros trabajadores de la embotelladora renunciaran. En su lugar, la fábrica contrato nuevo personal con un salario más bajo del que ganaban los extrabajadores. Lo increíble de la historia es que Coca Cola nunca denunció la muerte de sus trabajadores ante las autoridades.

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A finales de 1996, los trabajadores denunciaron los casos, pero la justicia no hizo reparo alguno en atender las denuncias y muchos de ellos terminaron tras la rejas, mientras que sus victimarios continuaron campantes.

En 2001 se abrió un pleito contra Coca Cola en Miami, sede de la compañía. La demanda fue acompañada por otros sindicatos con el único objetivo de boicotear a Coca Cola, acusándolos de utilizar a los paramilitares para aterrorizar a sus empleados.

Ante las denuncias, Coca Cola negó cualquier nexo con las muertes de los trabajadores y advirtió que las embotelladoras en Colombia "son completamente independientes de la Compañía Coca Cola".

Los sindicalistas no se quedaron con esa respuesta y acusaron al gerente de la planta en Carepa, Ariosto Milán Mosquera de haber dado una orden a los paramilitares para matar a los integrantes del sindicato. Además de constatar que el gerente mantenía una relación cercana con jefes paramilitares.

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La misma compañía solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abrir una investigación "independiente" de los hechos. Lo insólito es que el delegado de EE.UU en la OIT, Ed Potter, también era director de relaciones internacionales de Coca Cola.

Estos y otros casos podrían ser juzgados en la nuevan Jurisdicción Especial para la Paz.

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