Marcha Patriota denuncia nuevas amenazas contra Piedad Córdoba

En el texto el grupo criminal ofrece 2 millones de pesos al que logre dar de baja a estos personajes" entre quienes están además de Córdoba, Miguel Cifuentes Ardila, Melkin Hernán Castrillón, Iván Madero Vergel, Eladio Antonio Morales, Lilia Peña y Himat Abdalá, de quienes dice forman parte de las FARC.

La Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica hizo la denuncia ante organizaciones sociales, sindicales, políticas, populares y defensoras de Derechos Humanos, instituciones estatales e intergubernamentales, y en general a toda la comunidad nacional e internacional.

La semana pasada Marcha Patriótica denunció que en este mes han sido asesinados cinco de sus militantes y otros cuatro salieron ilesos de atentados en su contra, mientras que uno más, identificado como Hannier Hurtado, está desaparecido desde el 31 de octubre en el departamento del Valle del Cauca.

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Los asesinados son John Jairo Rodríguez y José Antonio Velasco, ambos en el departamento del Cauca, además de Erley Monroy , Didier Losada  y Rodrigo Cabrera.

Y según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Colombia han asesinado a más de 50 líderes campesinos en lo que va de 2016.

Marcha Patrióca aclaró en el comunicado de hoy que Piedad Córdoba es una defensora de Derechos Humanos, dirigente política y social que en la actualidad se desempeña como vocera nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, e integrante del Movimiento Político Poder Ciudadano.

Mientras que los demás personajes nombrados en el panfletos del grupo paramilitar son defensores de derechos humanos, dirigentes políticos y sociales, representantes de asociaciones campesinas y asociaciones regionales de víctimas de crímenes de Estado.

Marcha Patriótica responsabilizó "al Estado" colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y otros ministros e instituciones, "por omisión en el desarrollo de las acciones pertinentes tendientes a garantizar los derechos constitucionales de los compañeros".EFE