Indígenas, afros y campesinos reclaman una reforma agraria

Estos colectivos firmaron y divulgaron un documento de veinte puntos en la última jornada del foro de Políticas de Desarrollo Agrario Integral, organizado por la ONU y la Universidad Nacional para facilitar la participación de la sociedad en el proceso de paz del grupo guerrillero FARC y el Gobierno de Colombia.

"Ese documento plantea cómo debe plantearse una reforma agraria democrática para el país que incluya acceso en condiciones dignas de los distintos pobladores a las tierras", dijo a Efe Miller Dussán, profesor de la Universidad Surcolombiana de Neiva y miembro de la Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica El Quimbo (Asoquimbo).

En el documento, ocho organizaciones reclaman "un reordenamiento territorial que respete la autonomía de las comunidades rurales y étnicas con base en usos potenciales, cambiando una parte de los usos actuales en ganadería hacia la agricultura y conservación ambiental".

Según los firmantes, "por lo menos 11 millones de los casi 38 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería deben pasar a la agricultura".

Asimismo, piden que los baldíos y bienes de fondo de tierras de la Nación que se destinen a particulares y no tengan restricciones por territorialidad ancestral sean otorgados a "indígenas, afrodescendientes y campesinos", al tiempo que exigen seguridad alimentaria para estos grupos.

Por otro lado, pide "no aceptar las políticas actuales de cambiar los usos del suelo de vocación agropecuaria hacia la gran minería, megaproyectos hidroeléctricos, hidrocarburos y agrocombustibles."

"Planteamos la suspensión de todas las licencias ambientales precisamente a esos megaproyectos que han causado un desastre medioambiental" y han modificado la vida de las comunidades preexistentes, dijo Dussán.

Se refirió en concreto a la polémica construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo en el río Magdalena, en su curso por el sur de Colombia, que ha desatado las protestas de más de 3.000 habitantes que se declaran afectados por la obra de las multinacionales española Endesa e italiana Enel.

Pero también sugirió que no se concedan más licencias a las actuales solicitudes al destacar que "en este momento hay 31 peticiones de represa a las autoridades ambientales y el Gobierno de Santos sigue haciendo concesiones mineras".

Además de estas propuestas, también se insta la "pronta" aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para los afectados por el despojo derivado del conflicto armado, así como la constitución de zonas de reserva campesina y el derecho a ser consultados antes de iniciar cualquier proyecto en sus territorios.

Estos colectivos hacen parte de los 16 grupos que participaron en el foro agrario desde el lunes y cuyas propuestas serán trasladadas al Gobierno y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes de que el 8 de enero reanuden los diálogos de paz en La Habana. EFE