Gobierno garantiza que en "falsos positivos" no habrá impunidad

Los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón, e Interior, Fernando Carrillo, asumieron ese compromiso tras ser aprobada por abrumadora mayoría la polémica norma, que supondrá una modificación de tres artículos de la Constitución y que ha recibido duras críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y Human Rights Watch.

"Los 'falsos positivos' nunca irán a la Justicia Penal Militar, las violaciones de niños y mujeres, tampoco, y los casos de tortura, no irán", dijo Pinzón a Blu Radio sobre uno de los vacíos que deja esta ley, ya que, según el texto, en un plazo de un año se dirimirá si esas ejecuciones extrajudiciales quedarán en manos de la justicia militar u ordinaria.

En términos similares se expresó el titular de Interior, quien argumentó a RCN Radio que la norma de carácter transitoria, en alusión al artículo que otorga ese plazo, "va a evitar que se dé impunidad".

"La regla general es que el juez natural es la justicia ordinaria y esos casos ('falsos positivos') no van a estar en la justicia militar", agregó Carrillo, para reconocer también que "es un problema de interpretación jurídica".

Precisamente el hecho de que esos procesos estén expuestos a una interpretación jurídica es lo que ha despertado las dudas entre las organizaciones que velan por los derechos humanos, ante la posibilidad de que este tipo de crímenes atroces terminen en manos de la Justicia Penal Militar.

Ante la polémica, el Gobierno envió un mensaje de tranquilidad en lo referente a las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia y que acabaron con la vida de miles de jóvenes, quienes tras ser reclutados por el Ejército por medio de engaños fueron asesinados y después presentados como guerrilleros muertos en combate.

Esa práctica, que según la ONU ha sido "sistemática", la llevaron a cabo miembros de las Fuerzas Armadas con el objetivo de presentar logros en la lucha contra las guerrillas y ganarse el favor de sus superiores.

Pinzón justificó la reforma en que con la ley estatutaria que el Gobierno promulgará en marzo, la que permitirá la entrada en vigor del nuevo Fuero Militar, quedará por fin tipificado el delito de ejecuciones extrajudiciales, hasta ahora ausente del Código Penal.

Un artículo incluido a última hora en el texto legislativo, en respuesta a la presión de las organizaciones internacionales, contempla un periodo de un año para dirimir entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General cuáles de esos casos quedarán en manos de la justicia ordinaria y cuáles en la militar.

"La presencia de la Fiscalía es una garantía, no se está entregando un cheque en blanco a la Justicia Penal Militar", insistió el ministro Carrillo en un intento de calmar los ánimos. EFE