(10/Oct/2006):Por Jorge Robledo
Senador por el Polo Democrático
Para analizar la corrupción electoral en Colombia, la Procuraduría General de la Nación convocó al Foro “Diagnóstico y prospectiva del sistema electoral colombiano”. Ese día, el Procurador, Edgardo Maya Villazón, resumió el problema al señalar “el fracaso del modelo de tarjeta electoral”, cambio que se realizó “para conjurar la venta de votos y el control externo de los electores por parte de los partidos, (pero que) ahora se traduce en un modelo más afinado de corrupción electoral que no compra electores, sino jurados y que igualmente tiene capacidad de adulteración de los resultados a través de la trascripción y la sumatoria amañada de los datos que provienen de los tarjetones”.
En mi intervención, en representación del Polo Democrático Alternativo (PDA), centré el análisis en la “venta de votos y el control externo de los electores”, prácticas que explican un gran porcentaje de los sufragios que se depositan en Colombia y que equivalen a la compra del elector, bien sea que esta ocurra de manera abierta o solapada y se utilicen recursos públicos o privados. La forma descarada de la práctica consiste en pagar el voto en dinero o en especie.
También se compra a los votantes mediante las rifas con las que los atraen a los actos, con la ventaja para el corruptor de que ganan pocos pero todos quedan agradecidos. Y son parte de la compraventa las donaciones oficiales, en especial las domingueras que de una en una entregan personalmente los alcaldes: mercados, bultos de cemento, pagos de facturas y fórmulas médicas, etc., etc. Hace poco, incluso, la DIAN les regaló a algunas alcaldías mercancías de contrabando decomisadas; ¡y qué piñatas las que se armaron!
El otro gran mecanismo de “control externo” es el conocido como clientelismo, consistente en hacerse pagar en votos el propio funcionamiento del Estado y sus obligaciones, cobrando por cada puesto (pagan el empleado y su familia), cada contrato oficial (pagan el contratista y sus trabajadores) y cada obra pública (pagan todos los beneficiados por puentes, electrificaciones, escuelas, etc.).
Y ha venido ganando espacio en la conformación de las clientelas lo que ahora llaman el “gasto social”. Por ejemplo, la administración Uribe Vélez se ufana de haber convertido en “beneficiarios” de sus decisiones, entre 2003 y 2006, a 23.657.876 colombianos, los cuales equivalen a 8.407.553 familias, discriminadas así: Sisben: 4.645.352, subsidios de desempleo: 211.000, atención a adultos mayores: 595.371, familias en acción: 564.859, familias guardabosques: 32.946 y subsidios de vivienda: 372.647. Y además hay niños de 1.651.915 familias a los que les regalan comida (Informe al Congreso, 2006). ¿Cuántos de estos recursos se entregaron sin la intermediación de un político uribista?
Entre las cosas novedosas del clientelismo en la etapa del “libre comercio” aparece el gran poder que para ese efecto se le ha entregado a la Presidencia de la República, de forma que una parte importante de la clientela le agradezca, sin la intermediación de nadie, al propio Jefe del Estado. Por ello, Presidencia ya no dispone de un presupuesto, sino de dos. El primero, el de toda la vida, que paga los gastos de funcionamiento del despacho y que en 2007 costará la nada modesta suma de 140 mil millones de pesos. Y el otro, bastante mayor, de 1,43 billones de pesos, que financia la llamada Acción Social, la cual permite gastar en casi todo, como población desplazada, víctimas de la violencia, infraestructura, donaciones, solidaridad alimentaria, minicadenas productivas, familias en acción, guardabosques, reconversión social, etc. Quitada, entonces, la demagogia “social” que tanto se expresa en los sainetes de los sábados, lo que queda al desnudo es que el clientelismo lo encabeza el propio Álvaro Uribe Vélez.
Además del océano de la corrupción, el clientelismo se nutre de una pobreza que da escalofríos: 27,7 millones de pobres, entre los que hay 11 millones de indigentes (CID). Y la racionalidad de esa práctica corrupta y corruptora es impecable: al colombiano empobrecido le cuesta muchas dificultades relacionar sus desgracias con las decisiones que contra él toman sus elegidos una vez estos llegan al poder, por lo que sus sufrimientos carecen de responsables que se puedan identificar fácilmente. Pero esos pobres sí conocen –¡tienen que conocerlos!– los distintivos del “doctor” por el que deben votar a cambio de las dádivas oficiales que este les tira, dádivas que, para colmos, cada vez más se financian con el IVA, impuesto que tiene entre sus perversidades golpear más duro a los más pobres y que estos lo paguen sin saberlo.
