(17/Nov/2006):Por: Cecilia López Montaño, Senadora de la República
Los últimos hechos de la política colombiana dejan un claro sabor agridulce para aquellos recién llegados al ejercicio de la política electoral. Por un lado, surge un claro sentimiento de tristeza al ver compañeros de actividades sumergidos en problemas gravísimos que desvirtúan totalmente el verdadero sentido de la política.
Acusaciones de vínculos con el para-militarismo, con malversación de fondos públicos y con masacres y asesinatos, manchan de forma irremediable a estos congresistas si son hallados culpables y a los partidos a los cuales pertenecen. Pero por otro lado surge una sensación de alivio.
La gestión de la Corte deja ver claramente que se inicia un proceso de depuración que era impostergable en el país. Que puede ser un caso peor que el 8.000, no cabe la menor duda por que se trata de delitos más graves que el enriquecimiento ilícito dado que han generado efectos irreparables en la población generalmente indefensa.
La mancha le ha caído a Sucre, pero es del conocimiento general que seguirán otros departamentos no solo de la Región Caribe, como se ha querido señalar. Sorprende que el primer departamento involucrado en esta narco-política haya sido Sucre cuando Jorge Cuarenta, uno de los líderes de esta peligrosa mezcla entre la política y el para-militarismo, es del Cesar.
Además, ya hay anuncios de serias dificultades de políticos de Córdoba, del Atlántico y del Magdalena y, sin duda, faltan datos de otros departamentos. Vendrán días oscuros para muchos, pero al final, el país saldrá fortalecido si estos procesos terminan encontrando la verdad y se inicia el verdadero proceso de limpiar la política colombiana tan manchada de todos los males que aquejan desde hace tiempo a la sociedad colombiana.
Se ha dicho que el gran perdedor es el Congreso de la República por pertenecer a el la mayoría de los políticos que hoy están en problemas. No cabe la menor duda que tener al presidente de la comisión séptima del Senado y al presidente de otra comisión de la Cámara de Representantes en semejantes problemas, es una vergüenza para el Legislativo. Sin embargo, empiezan a mostrarse nuevos hechos que no dejan bien parado a los distintos gobiernos pero especialmente al actual, al del Presidente Uribe. Una hermana del senador García, ocupa actualmente el consulado general en Frankfurt.
Se afirma que fue nombrada por este gobierno como pago de favores políticos a su hermano. Pero la verdad es que el senador García y su familia colaboraron con muchos gobiernos anteriores y su hermana también recibió favores en la nómina oficial. Más aún, los tres congresistas involucrados hasta ahora son parte de partidos que conforman la coalición de gobierno, dos de ellos, Álvaro García Romero y Eric Morris Taboada, son nada menos que miembros del partido que preside el primo del presidente, Colombia Democrática, y Jairo Merlano pertenece al Partido de la U, pilar de la política del presidente Uribe. No se salva de quedar manchada la actual administración porque después de la expulsión de los miembros con presuntos lazos con los paras, fueron nuevamente llamados por el mismo presidente para conformar la coalición de gobierno con fines electoreros, con el fin de obtener las mayorías en el Congreso de la República.
Este doloroso pero sano proceso apenas se inicia y los nombres que se empiezan a identificar por vínculos de esta naturaleza han llegado hasta ser embajadores de la presente administración, como sucede con el señor Salvador Aldana. Que el gobierno no crea que se va a salvar de la salpicada de este nuevo escándalo.
Hasta ahora el Presidente se ha mostrado bastante ajeno a él, pero su incapacidad de desvincularse de estos individuos por razones no tan claras, más temprano que tarde pondrá al actual gobierno en el banquillo de los involucrados. Será una prueba para demostrar que la independencia de los poderes, en este caso de la justicia frente al ejecutivo, aún persiste, no obstante los esfuerzos que se han hecho desde la Presidencia por borrar estos límites.
