(16/Jul/2007): Por: Cecilia López Montaño
Senadora de la República
Hace tan solo diez años que la preocupación por el medio ambiente crecía de manera impresionante en el país y eran los jóvenes de entonces los más entusiastas. Se armó un Ministerio como resultado de una de las mejores leyes ambientales que se hayan elaborado en América Latina hasta ese momento, la Ley 99, y se empezó a crear el SINA, Sistema Nacional Ambiental, conformado por corporaciones regionales, e institutos de investigación.
El director de uno de ellos, el Humboldt, Cristian Samper, vinculado al Smithsonian Institute, es hoy uno de los colombianos más destacados en estos temas en el mundo.
El tema ambiental logró acaparar la atención de la prensa y las revistas nacionales, no solamente de las publicaciones especializadas. Además los ministros y los expertos en el tema armaron una especie de sindicato ambiental que se apoyaba en el esfuerzo de lograr que el país cambiara su historia de desprecio por una de sus mayores riquezas, los recursos naturales.
Hoy queda poco de eso y tal vez lo más sólido que sobrevive es el sindicato ambiental conformado por los expertos de siempre, los ex ministros y ex viceministros que se mantienen muy activos en el tema. Gracias a ellos se ha podido contener más de un tsunami provocado por las decisiones gubernamentales de estos últimos años, como pasó con los proyectos de ley forestal y la ley del agua -que el señor Presidente tuvo que objetar para aplacar las críticas- o con la famosa resolución con que se despidió la anterior Ministra, que, para muchos, daba patente de corzo para el ingreso de desechos peligrosos. Sin dejar de mencionar también las licencias ambientales para construcción de puertos sin importar no solo el impacto ambiental sino también el desarraigo para las comunidades indígenas.
Este mal momento para el medio ambiente se venía observando desde que se inició este Gobierno, pero se ha consolidado en la última etapa de la Administración No es este un fenómeno exclusivamente colombiano, claro, sino que también se observa en otros lugares del mundo.
Sin embargo, las tragedias ocasionadas por la naturaleza y en particular el calentamiento global que en California, por ejemplo, ha llevado a temperaturas superiores a 40 grados centígrados, en tanto que los tsunamis y las lluvias que hoy tienen en aprietos a los europeos y norteamericanos, han vuelto a poner el tema en la agenda internacional. Mucho se le debe entre otros al ex vicepresidente norteamericano Al Gore, quien con un serio documental ha puesto a todo el planeta a mirar con más respecto y atención lo que nos puede pasar en pocas décadas.
Mientras el interés por el ambiente revive en el mundo, en Colombia se desdibuja y sobre todo se debilita la institucionalidad que se construyó seriamente.
Pero el problema de fondo es que el desprecio por el medio ambiente lleva al olvido del desarrollo sostenible, es decir, aquel que no solo vela por la equidad en las generaciones actuales sino por la equidad inter-generacional. Se trata de la estrategia de crecimiento que garantice la sostenibilidad de la oferta ambiental para que las próximas generaciones tengan agua, bosques, fauna y flora.
Este concepto está absolutamente borrado del lenguaje del Gobierno y de importantes sectores políticos afectos a él. Y algo más triste aún: en la agenda del Gobierno, cuando se habla de Ministerio de Ambiente y Vivienda solo se insiste en el importante papel de lo segundo y no reconoce su responsabilidad con el medio ambiente.
Comentario aparte merece el tema de la fumigación de los cultivos ilícitos. Todos los expertos del mundo afirman que la guerra contra el narcotráfico, como la que tiene Colombia, termina en lo que se denomina, el efecto globo. Es decir, cuando se fumiga en un sitio, la siembra se traslada a otro lugar, lo que convierte esta estrategia en un esfuerzo inútil.
Se plantea en el mundo la reducción del daño como una alternativa que consiste en minimizar los costos de una política que busque eliminar el narcotráfico y que actúa sobre la demanda y no solo sobre la oferta, como hace la actual guerra anti narcóticos. Lamentablemente ese no es tema de la agenda nacional.
El país en pleno, antes de que fumigar, fumigar y fumigar, debe plantear claramente el gran debate sobre la estrategia actual del gobierno que se concentra en la parte más débil de la cadena, los pobres campesinos que siembran coca.
Y hay algo más que debe empezar a preocupar al país. De aprobarse el TLC con Estados Unidos como quedó en el acuerdo inicial, habrá que poner a la biodiversidad en la columna de los perdedores. El Gobierno aduce que la biodiversidad del país quedó protegida gracias al TLC. Sin embargo, el grado de vaguedad del Entendimiento, por una parte, y los acuerdos alcanzados en otras materias relacionadas, por la otra, generan serias dudas de que se haya alcanzado ese propósito.
Todo esto que está sucediendo y que se expresa en muchos errores de política no es simplemente una desafortunada casualidad. No, es el producto claro de la filosofía estatal que tiene todas sus miras en el sector privado como único motor real del desarrollo, que era lo que en el fondo buscaban favorecer las dos únicas leyes que sobre esta materia ha concebido el Gobierno.
Y si existe una víctima clara de una política que privilegie los negocios es la política ambiental, el desarrollo sostenible. Si se subestiman estos conceptos, las políticas ambientales se perciben como un obstáculo para las decisiones empresariales.
Es una óptica miope porque el futuro de esos mismos negocios que se quieren hacer violando toda la reglamentación existente sobre temas ambientales, depende de que exista agua, bosques, flora, fauna y de que la población sea sana. Caro les costará a los colombianos esta mala hora del medio ambiente.
