Busca impedir que aquellas personas que hayan cometido delitos en contra del patrimonio sean elegidos como candidatos a cargos de elección popular, que ejerzan como servidores públicos o que celebren contratos con el Estado. Asimismo, asegura que esta inhabilidad no regirá para quiénes hayan cometido ese delito, pero decidan asuman el pago del daño con cargo a su patrimonio.

Los críticos a este punto señalan, que al artículo le falta peso pues no se contemplan todos los delitos y a que consideran que son más contundentes las medidas que actualmente se contemplan en la Constitución Política de Colombia.

Para el ex ministro de Hacienda y promotor del No, Juan Camilo Restrepo, lo que se plantea es una "muerte civil a medias" que no rige para todos los corruptos y que excluye entre otros, el delito de enriquecimiento ilícito.

Para Alfonso Valdivieso, miembro del Comité Promotor de Colombianos por el Referendo, si bien, no se contemplan todos los delitos, se constituye en un avance importante al incluir la prohibición de hacer contratos con el Estado. Además resalta, que actualmente este aspecto no hace parte de la Constitución.