Fiscal General Luis Camilo Osorio. Foto www.colombia.com

Después del fallido intento de instaurar el sistema acusatorio en 1979, por medio del decreto 181 de 1981 declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y de no obtener los resultados esperados con la creación de la Fiscalía General de la Nación en la nueva Constitución de 1991; en 2001 el tema fue retomado por algunos congresistas que presentaron el acto legislativo 151 de 2001, autoría del entonces ministro de Justicia, Rómulo González.

Aún así, en su quinto debate en el Congreso de la República fue derrotado por tratarse de un texto incompleto.

Fiscalía General de la Nación. Foto www.colombia.com

Finalmente, el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, durante el Gobierno de Andrés Pastrana Arango, radicó el Acto Legislativo 237 del 26 de abril de 2002, presentado por los ministerios del Interior y de Justicia de ese entonces.

Tras los debates pertinentes, el proyecto fue aprobado ya en el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez y culminó con la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002 y, se estableció una Comisión Interinstitucional encargada de redactar el proyecto de reforma constitucional que le daría un vuelco al sistema de justicia penal.

Actividad totalmente escritural, ineficacia investigativa, altas cifras de impunidad, abuso en la medida de detención, pocas posibilidades de defensa, exceso de etapas previas, ausencia de participación democrática, errores judiciales frecuentes y la falta de intervención de la víctima en el proceso, son algunos de los problemas dentro de un proceso penal, que impiden la correcta administración de justicia en el país.

Durante un foro sobre la reforma al sistema penal, realizado en la Universidad de los Andes, la doctora Whanda Fernández León, profesora de la Universidad Nacional de Colombia puntualizó algunos beneficios concretos que trae consigo el sistema acusatorio.

Los medios de comunicación podrán acceder más facil a la información. Foto www.colombia.com

Entre ellos se encuentra el lograr la vigencia de la garantía de la igualdad, especialmente en los juicios a los parlamentarios; se fortalece la capacidad de la Fiscalía en la lucha contra el crimen, se le imprime agilidad y equilibrio al proceso, los funcionarios son más competitivos, se previene el error judicial y le da un papel protagónico a la víctima dentro del proceso.

Así mismo, el fiscal dejará de ser investigador y juez, para dedicarse sólo a la consecución de las pruebas, se disminuye el riesgo de la imparcialidad por la misma posición del fiscal al realizar los dos trabajos, se equilibrarán las funciones de acusación y defensa; y todo se desarrollará dentro de un juicio oral.

A diferencia del sistema actual, en donde la información acerca del caso es secreta hasta para la misma víctima, con la reforma, el proceso penal tendrá que realizarse públicamente y con la asistencia especial de los medios de comunicación social.

Las pruebas dejarán de ser secretas. Foto www.colombia.com

Se pretende fortalecer además, el papel de la Defensoría Pública a través de la creación de un estatuto. "Porque hay que crear unas condiciones que permitan que las personas que no tienen recursos que son la gran mayoría de los colombianos, tengan la opción real y no ilusoria, de una defensa", aseguró Jaime Granados, profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de los Andes, y miembro de la Comisión Constitucional Redactora de la Reforma al Sistema Penal.

Expresó, que en Colombia de 1'200 mil procesos que hay en la Fiscalía, (entre los que entran, salen y se represan) sólo 70 mil tienen defensor público.

"El resto de ese 1'200, lo cierto es que la gente no tiene cómo pagarla, no tienen defensa o tienen un estudiante de consultorio jurídico que no está preparado para defenderlos, o tiene un abogado de oficio que nunca aparece. Eso es algo que no se compadece con la seriedad que requiere el tratamiento penal, y por tanto, lo que busca la reforma es garantizar un derecho de defensa que sea efectivo".