Diez temas prioritarios

7.1. Situación socioeconómica del país
Nunca antes en Colombia había existido tanta gente en el limite de la supervivencia, sin posibilidad de ingresos. Según el Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, Cambio para Construir la Paz, en 1998 más del sesenta por ciento de la población estaba en la pobreza (unos 25 millones), y según el informe más reciente del Banco Mundial (noviembre de 2000), en Colombia existen alrededor de 14 millones de personas en la miseria.

Esto es inadmisible en un país con tanta potencialidad humana y con tantas posibilidades materiales para garantizar el bienestar y la prosperidad para todos.

Esta situación tiene unas causas estructurales y otras coyunturales.

Entre las causas estructurales están la inequidad en la distribución de la tierra y del ingreso, la intervención extranjera en los asuntos internos, el intercambio comercial inequitativo, el saqueo extranjero de los recursos naturales, el modelo de desarrollo centrado en la prevalencia de los intereses del capital especulativo sobre el trabajo y la economía productiva, y la irresponsabilidad como se ha gobernado el País -sin un modelo educativo para el desarrollo científico y tecnológico-, situación agravada durante los últimos diez años con la apertura indiscriminada del mercado nacional a los capitales y a las mercancías extranjeras, destruyendo la débil economía productiva nacional de la ciudad y del campo.

Estas causas estructurales se agravan con otras coyunturales del actual gobierno, con unas políticas de desarrollo que profundizan la apertura y el sometimiento a los norteamericanos, principalmente con el Plan Colombia y los compromisos con el FMI, a la vez que adopta presupuestos recesivos, pues en medio de la crisis de demanda que afecta a la economía nacional, reduce el gasto público, los salarios, la inversión social, las transferencias a las entidades territoriales y el apoyo al sector productivo del campo y de la ciudad. Tampoco adopta una posición patriótica con relación al servicio de una deuda pública ilegítima y creciente que consume ya más del 40% del presupuesto nacional.

De otra parte, tenemos una clase política nacional y territorial indolente y mediocre, que a pesar de las angustias de la población y de los problemas nacionales, solamente se ocupa de su supervivencia política a base de la manipulación del poder y de la corrupción, a costa de la institucionalidad y del patrimonio públicos.

Ni de manos de la clase política ni del gobierno existen posibilidades para recuperar la unidad nacional, la soberanía ni para encontrar la solución a las reivindi-caciones y demandas históricas de la población.

7.2. Proceso de paz
Nuestra naturaleza es la tramitación organizada y pacífica de las necesidades y aspiraciones de la población. Por principio rechazamos toda forma de violencia a la vez que compartimos toda solución no violenta al conflicto armado.

Son positivos los pasos que se adelantan con los actores armados, sin embargo consideramos que es un proceso excluyente de otros actores y principalmente de las organizaciones sociales y comunitarias, pues una paz verdadera y duradera solamente es posible mediante un proceso de reconstrucción y desarrollo socioeconómico nacional en beneficio de toda la población, para lo cual es imprescindible la participación de todas las organiza-ciones políticas, sociales y gremiales.

Por eso, los acuerdos a que pudiera llegar el Gobierno con los actores armados deben pasar previamente por la aprobación de nuestras organizaciones y en general de la sociedad. Estos acuerdos a mediando y largo plazo se deben alcanzar en el marco de UN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO QUE DE DESARROLLO QUE INCLUYA EL PLENO ACCESO DE TODA LA POBLACIÓN A LA CIENCIA, A LA TECNICA Y AL MERCADO Y A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, LO MISMO QUE LA REDISTRIBU-CIÓN DE LA TIERRA Y DEL INGRESO EN EL MARCO DE NUESTROS PRINCIPIOS SOLIDARIOS Y DE EQUIDAD.

7.3. Plan Colombia
Expresamos nuestra preocupación y nuestro desacuerdo por el énfasis militar que se ha dado al Plan Colombia. Este Plan pretende combatir el cultivo de coca por las vías militares aunque éste es un problema principalmente social y económico.

Todo recurso nacional o internacional para la sustitución de cultivos ilícitos se debe ejecutar en el marco de los planes de desarrollo departamentales y municipales. Ni el Gobierno nacional ni las entidades de cooperación multilateral pueden desconocer nuestro Estado Social de Derecho, el que da autonomía a la planeación municipal, departamental y regional estableciendo que todo recurso, programa o proyecto se debe ejecutar en correspondencia con los respectivos planes de desarrollo.

Los países consumidores deben asumir sus propias responsabilidades y costos frente al narcotráfico, como son el control a los precursores químicos y al consumo.
Colombia no puede seguir siendo el conejillo de indias de un problema originado en los países desarrollados. Por eso, rechazamos la represión salvaje contra el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, como es el productor de hoja. Igualmente rechazamos las fumigaciones, y aún más si es con químicos que destruyen la naturaleza y causan enfermedades irreparables a la población.

La principal solución a la producción de hoja de coca o de amapola debe ser social, garantizando recursos permanentes para que los campesinos recuperen los bosques y establezcan producción sana, con plena garantía para la comercialización de sus productos en el mercado nacional e internacional a precios justos, todo lo cual exige la concertación de un plan estratégico de desarrollo a largo plazo para estas regiones.

7.4. Modelo de desarrollo, economía productiva
Una paz verdadera en Colombia solamente será posible sobre la base de la real y decisoria participación popular en la solución de los problemas y la construcción de un modelo de desarrollo socioeconómico que supere las causas coyunturales y estructurales en el marco de la unidad nacional, la soberanía y la libre autodeterminación.
Un modelo que coloque los avances científicos y tecnológicos al servicio de toda la sociedad, centrado en la prevalencia del trabajo sobre el capital, de la economía productiva sobre la especulativa, de la convivencia con un ambiente sano y la recuperación del usufructo de los recursos naturales en beneficio de toda la nación, de la satisfacción de las necesidades vitales de la población como derecho de los pueblos y función irrenunciable del Estado.

No necesitamos quitarle nada a nadie ni mucho menos caer en la mendicidad internacional; solamente basta garantizar que toda la población tenga pleno acceso al disfrute de nuestros recursos, de su trabajo y de los avances técnicos y científicos.

En estos términos somos optimistas de un mejor futuro siempre que las mayorías nacionales nos decidamos a construirlo por el camino que lo estamos proponiendo.

7.5. Reactivación económica y empleo
Si bien la solución definitiva a los problemas y aspiraciones de los colombianos solamente se logrará actuando sobre sus causas estructurales, consideramos que los problemas más críticos del momento como la recesión económica, el desempleo, la pobreza, la inseguridad social y la desesperanza que tan gravemente afectan a la población, se resolverán hoy parcialmente con una política de emergencia por la vía del gasto público, con recursos liberados del servicio a la deuda y la emisión para entregar dinero barato y a largo plazo al sector productivo del campo y la ciudad, la seguridad social, aumento de salarios y apoyo tecnológico, comercial y financiero al pequeño y mediano productor para recuperar los mercados regionales y nacionales.

La única posibilidad para garantizar ingresos y supervivencia digna a corto y mediano plazo para los sectores populares es mediante la recuperación del mercado interno para la producción regional y nacional, pues lo más grave para la población en una sociedad de libre mercado es la entrega del mercado a la producción externa, dejando totalmente desamparados a nuestros artesanos, pequeños y medianos productores del campo, de los pueblos y de las ciudades.

Solamente podremos acceder a los mercados externos para el beneficio de toda la población a partir de la recuperación de los mercados internos, con mucho apoyo tecnológico, comercial y financiero, y protegiendo a sectores clave de nuestra economía.

7.6. Recuperación del campo
Apoyamos los programas y los pliegos de las organizaciones campesinas colombianas, surgidos de sus eventos y congresos. En estos eventos regularmente participan los comunales campesinos.

La vocación productiva y laboriosa de nuestros campesinos es una riqueza inmensurable que se debe preservar y cualificar dando todo el apoyo que merecen a partir de los planes locales, regionales y nacionales de desarrollo.
Para que superviva y se progrese el sector agropecuario es urgente recuperar y proteger el mercado interno para sus productos, otorgar crédito barato y a largo plazo, y dar todo el apoyo técnico y comercial que reiteradamente reclaman las organizaciones campesinas. Igualmente es necesario redistribuir la tierra en beneficio de los propios trabajadores del campo.

7.7. Pequeños productores, pequeños comerciantes y artesanos
La Acción Comunal acoge en su seno a los artesanos, a los pequeños y medianos propietarios, industriales y comerciantes, y debe trabajar por su recuperación con créditos de fomento, con la recuperación de los mercados locales para su producción, con mucho apoyo tecnológico, comercial y financiero, y con medidas de protección.

Igualmente defendemos a nuestros tenderos que hacen parte de la identidad veredal, barrial y de nuestra cultura, y que son quienes mejor contribuyen a la distribución de la producción local y regional.

Nos oponemos a la monopolización de los mercados por parte de los grandes capitales nacionales e internacionales, quienes distribuyen principalmente producción externa, limitando la comercialización de la producción de nuestros pequeños y medianos productores. Se necesitan decisiones urgentes en los municipios y en las provincias, para que todos estos negocios vendan principalmente la producción de nuestros campesinos y productores locales.

7.8. Los excesivos impuestos
El Estado colombiano se ha convertido en un instrumento que recauda recursos al público para entregarlos a los capitales financieros nacional e internacional a través de las altas tasas de interés que les paga por sus empréstitos. Por eso nos oponemos a que se sigan incrementando los impuestos. Por el contrario, se debe garantizar mayor eficiencia de los recursos públicos, en primer lugar, replanteando el servicio a la deuda pública interna y externa para liberar recursos con destino a la inversión social y productiva.

En segundo lugar, se debe eliminar el actual régimen de contratación de Ley 80, o régimen de corrupción, que es la columna vertebral del clientelismo político. A cambio se debe establecer un mecanismo de ejecución de los recursos públicos por convenio con nuestras organizaciones comunitarias y los profesionales de cada lugar.

Solamente en la medida en que se fortalezcan los ingresos de la población se mejorarán las finanzas públicas nacional y territoriales, por eso, como ya lo hemos planteado, se debe concebir un modelo de desarrollo que dé prioridad a la comercialización de la producción nacional en nuestros mercados internos y, en general, al desarrollo de una economía nacional de tal manera que se recupere la riqueza de la población.

Por lo anterior, nos oponemos a los proyectos de reforma tributaria territorial que cursan en el Congreso de la República, que pretenden sustituir parte de las transferencias con más impuestos municipales.

7.9. Descentralización y participación
Compartimos el fortalecimiento de la autonomía de los municipios sobre la base de real participación ciudadana en la elaboración de los Planes de Desarrollo y en la adopción de los Presupuestos.

Es necesario fortalecer el principio constitucional de las Provincias como unidades de planificación y desarrollo.
Trabajamos por una modificación a la Ley 60 de transferencia de los ingresos corrientes de la Nación, dando mayor autonomía a los municipios en la asignación de estos recursos, especialmente con destino a proyectos de desarrollo técnico y agroindustrial para el mercado interno e internacional.

Se debe hacer realidad el mandato constitucional de que solamente se pueden ejecutar recursos nacionales en los municipios a través de los respectivos Planes de Desarrollo, de tal manera que se respete y fortalezca la autonomía territorial.

7.10. Planes de desarrollo ciudadanos
Además de posicionar unas tesis de reconstrucción nacional y de consolidar escenarios reales de poder ciudadano, nuestra campaña también será un ejercicio pedagógico para que los municipios y regiones construyan su identidad en torno a Planes de Desarrollo Ciudadanos a ser inscritos por los candidatos que aspiren en el futuro a los cargos de elección popular.

En la medida en que nuestras organizaciones y los ciudadanos en general aprendan a ejercer los derechos de mandato sobre los candidatos, estaremos consolidando reales procesos de democracia comunitaria.

En este sentido seguiremos mejorando nuestro modelo de Plan de Desarrollo para un municipio en crisis, el que ha sido adoptado por muchos candidatos y Alcaldes en ejercicio, y el cual lleva implícita la atención a todos los derechos económicos, sociales y colectivos establecidos por la Constitución: participación ciudadana, desarrollo de la familia, los de la mujer, la niñez, la juventud, la tercera edad y el disminuido físico, equidad y ambiente sano, entre otros.

Por Guillermo A. Cardona Moreno Fecha de Actualización MARZO 31 DE 2002