I. Desembarrar lo social es decirle no al desempleo, a la pobreza y al hambre

Es posible crecer y redistribuir la riqueza, desterrar la pobreza y el hambre si se promueve el desarrollo con rostro humano, empresas con responsabilidad social y un papel más activo del Estado y de las políticas públicas. El modelo neoliberal ha fracasado.

Las apuestas de este programa de gobierno se fundamentan en el ciudadano como sujeto de derechos. Por ende, las políticas públicas económicas y sociales para el desarrollo serán garantes de los derechos civiles, políticos, humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y se construirán colectivamente, con miras a lograr el desarrollo, superar la crisis humanitaria y el conflicto armado interno.

La política productiva buscará ampliar y fortalecer el mercado interno y promover un comercio exterior justo como fuentes del desarrollo nacional y regional y de generación de empleo digno.

Sus estrategias se orientarán a fortalecer las economías regionales integradas al mercado nacional e internacional, consolidar cadenas productivas que aporten a la generación del valor agregado, desarrollar el agro, asegurar el crecimiento económico, desarrollar empresas intensivas en tecnología, diversificar la producción y la reindustrialización, apoyar al sector social y solidario de la economía, a las pequeñas y medianas empresas y mejorar la presencia de los productos colombianos en los mercados de América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos.

Dos millones de empleos nuevos y dignos

1. Generar dos millones de nuevos empleos a través de la aplicación de (a) una

política macroeconómica coherente y consistente con los objetivos de crecimiento sostenido del PIB del 6%, y fortalecimiento del sector productivo real; (b) un plan nacional de construcción de vivienda social y hábitat humano; (c) políticas especiales, sectoriales y poblacionales para lograr el pleno empleo del talento humano, en particular de las mujeres, los jefes de hogar y los jóvenes; (d) un programa de inversión en infraestructura y proyectos regionales, de fortalecimiento de las cadenas productivas intensivas en empleo y de valor agregado; (e) un plan de apoyo de las pequeñas y medianas empresas, y del sector social y solidario; y (f) políticas sectoriales para los sectores agropecuario e industrial.

El empleo decente y la generación de ingresos serán prioridades de las políticas económicas y sociales en todos los niveles del Estado y del gobierno.

Impulsar el “Programa del Primer Empleo” para los jóvenes. Se otorgarán exenciones en la parafiscalidad del 9% a las empresas que contraten a jóvenes mayores de edad sin experiencia por un periodo mínimo de un año. La exención tendrá la misma duración del periodo de contratación y obligará a las empresas al cubrimiento de la seguridad social de acuerdo con la ley. Se fortalecerá el contrato de aprendizaje en condiciones dignas para que los jóvenes puedan lograr su primer empleo.

Se fomentará y ampliará la capacitación laboral y profesional a los desempleados y empleados, para lo cual se fortalecerá el SENA y las alianzas entre el sector privado y público.

Crear la Red de Empleo para Mujeres. Ésta será una red organizada que integre la oferta y la demanda laboral de las mujeres e incentive su capacidad productiva y empresarial mediante la creación de unidades productivas de mujeres, para atender la producción por ciclos y gestionar la ubicación de las mujeres desempleadas en las empresas que así lo demanden. Esta Red contará con el soporte técnico y financiero del SENA y del Sistema Nacional de Apoyo y Promoción de las MIPYME.

.Implantar un subsidio y seguro al desempleo que llegue a beneficiar a dos millones de personas. Se promoverá la aplicación progresiva de un seguro al desempleo para los trabajadores formales que cubra hasta el 50% del último salario devengado, hasta por tres meses, y el 25% por otros tres meses más. Se financiará con recursos de las cajas de compensación de las cesantías y las cotizaciones al seguro. El subsidio al desempleo para los trabajadores que no estén cubiertos por el seguro se aplicará progresivamente a los jefes de hogar pobres, sus cónyuges y los demás desempleados pobres. El subsidio tendrá un monto hasta del 50% del salario mínimo mensual y hasta por seis meses. Los desempleados recibirán programas de capacitación y recalificación laboral. El subsidio se financiará con los excedentes del seguro y recursos públicos.

Un millón de viviendas de interés social

Promover un Pacto Nacional por la Vivienda Social y el Hábitat Humano, entre el Gobierno Nacional, las empresas constructoras, las cajas de compensación familiar, las lonjas de propiedad, las universidades, las organizaciones de vivienda popular, el sector financiero, las agremiaciones de profesionales del sector y el auspicio del Programa UN-Hábitat de las Naciones Unidas. Sus propósitos son dos: (a) Ampliar la oferta de vivienda social en condiciones dignas para alcanzar la meta de un millón de nuevas viviendas construidas y financieramente sostenibles para las familias de bajos ingresos; y (b) desarrollar un programa integrado de intervención y conservación del hábitat que aplique nuevas políticas de vivienda social, desarrollo urbano, gestión del suelo, movilidad y servicios públicos.

Servicios públicos

Implantar el sistema de regulación de tarifas llamado “precios techo” que evitará alzas de tarifas por encima de la inflación en las principales ciudades colombianas.

Ampliar la cobertura de acueducto, alcantarillado y disposición adecuada de basuras.

Educación para todos: 1.9 millones de nuevos cupos, becas de permanencia para cuatro millones de niños y niñas, fortalecimiento de la educación pública y de la calidad de la educación.

Crear en cinco años 1.900.000 nuevos cupos educativos para niños y jóvenes entre los tres y los 17 años. Garantizar además el derecho a la educación pre-escolar de tres grados de los niños y niñas entre los tres y los cinco años.

Asignar gradualmente becas en dinero hasta llegar a beneficiar a cuatro millones de menores por año, para estimular la permanencia de los estudiantes y avanzar hacia el control de la deserción escolar, así:

Salud para todos

Proteger de manera prioritaria a los niños y niñas. Se asegurará cobertura total de la vacunación infantil, y se reducirá en dos terceras partes la mortalidad de los menores de cinco años y en un 50% la mortalidad por enfermedad diarreica aguda y por enfermedad respiratoria aguda.

Mejorar la salud materna. Se reducirá la mortalidad materna a la mitad antes del 2010, se buscará la universalidad de la atención hospitalaria para las maternas y se reducirá drásticamente el embarazo adolescente.

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades transmisibles por vectores logrando detener y reducir su incidencia.

Desestimular el tabaquismo y combatir la drogadicción logrando reducir el impacto de las enfermedades cerebro-vasculares, respiratorias, isquémicas del corazón y del cáncer.

Garantizar los derechos de pueblos indígenas y afrocolombianos

Promover políticas diferenciales tomando como referencia etnias, género, edad, opción sexual, que aseguren el respeto a la diversidad, el territorio y la cultura de estos pueblos.

Aumentar la inversión pública otorgando prioridad a los programas sociales, de infraestructura y servicios públicos.

Impulsar un plan especial para las comunidades del Pacifico con pleno respeto a los derechos colectivos constitucional y legalmente establecidos.

No violencia y solución política del conflicto armado

Adoptar un programa integral de prevención y reducción de los indicadores de violencia, y lograr bajar en un 50% las tasas de homicidio por todas las causas inferiores así como la disminución drástica de las agresiones no fatales. Se promoverá el desarme total de la población civil, se implantarán políticas especiales de cultura ciudadana y promoción de los derechos humanos, así como políticas de reforma rural y agraria, de seguridad, equipamento urbano y eficiencia en la justicia.

Formular la Política Nacional de Paz 2006-2014 mediante proceso de amplia participación ciudadana, hacia la consecución de un gran Pacto de Paz en el próximo cuatrienio y su consolidación en el siguiente. Parte de dicho pacto nacional podría ser la convocatoria de una Constituyente para la Democracia y la Paz.

Asumir como política de Estado las recomendaciones de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos y generar una cultura de prevención de violaciones de los derechos humanos.

Continuar los diálogos con el ELN, para concretar compromisos y acuerdos humanitarios, así como las condiciones para la realización de la Convención Nacional y la firma de un pacto de paz definitivo. Con las FARC se realizará el intercambio humanitario y se explorará la posibilidad de lograr antes del 7 de agosto de 2010 un pacto irreversible que ponga fin a la confrontación armada. Se buscarán los buenos oficios del secretario general de la Organización de Naciones Unidas.

Financiación del plan de gobierno

Para financiar los costos excedentes de los programas sociales enunciados, se tomarán medidas como la eliminación de la deducción por reinversión de utilidades creada por la ley 863 de 2003, se gravarán los dividendos de acciones percibidos por personas naturales con una tarifa del 10%, se gravarán las propiedades rurales mayores de cien hectáreas con un impuesto nacional -implantado mediante reforma constitucional-, y se mantendrá una sobretasa moderada a las rentas más altas por un período de cinco años.

Todo ello supone un recaudo un poco mayor de dos billones de pesos adicionales por año.

Se emplearán 7.000 millones de dólares de las reservas internacionales para pre-pagar la deuda pública, financiar el subsidio de vivienda y el programa de desarrollo rural integral, y desarrollar inversiones productivas tales como distritos de riego, adecuación de tierras, vías de conexión interna, vías de conexión con los puertos, investigación y desarrollo tecnológico, y política industrial.

Será necesario reorganizar las finanzas estatales y la tributación para terminar la era de improvisaciones y de las reformas coyunturales. En el mismo sentido se buscará reducir el déficit del gobierno central y promover una reforma duradera que elimine exenciones, controle la evasión y elusión, reorganice el predial rural y urbano, y centralice cobros sin perjuicio de la descentralización.