Visión: pensamos y trabajamos pensando en la próxima generación no en la próxima elección.

Autonomía: queremos que las regiones se autogobiernen y autogestionen su desarrollo, no en el centralismo.

Unidad: creemos en los consensos nacionales para garantizar la profundidad y continuidad de las reformas estratégicas que Colombia requiere.

Institucionalidad: Creemos en la necesidad de instituciones fortalecidas porque ellas evitan el abuso de poder.

Renovación: el 12 de marzo el liberalismo escogerá entre quedarse estancado en el pasado o avanzar hacia el futuro.

Propuestas concretas

VIOLENCIA

Consolidaremos los avances en seguridad y los convertiremos en Política de Estado.

Durante años he insistido en la Unidad Nacional para conducir el orden público, la política exterior y las garantías básicas de la democracia. El peor error político de la última década ha sido la polarización extrema, extendida a temas sagrados como esos.

La polarización es particularmente funesta en orden público. Creo que la interlocución política y el diálogo son una concesión y no una obligación; que deben corresponder a una política de Estado y no de gobierno; y que sólo pueden otorgarse a cambio de un cese al fuego y de hostilidades serio y verificable.

Depongamos legítimos intereses políticos, y acordemos los mínimos de una política de Estado para manejar, al menos, los temas de secuestro, alzamiento armado y terrorismo. Esta es la única manera de reconstruir la confianza perdida, de evitar que se repita una campaña interferida por los violentos y de blindar la democracia contra el riesgo de que otra vez, sectores narcoviolentos saquen provecho político, económico o judicial del insólito hecho de que de este lado de la democracia, sigamos convertidos en una Torre de Babel
Romperemos el eje mafia-violencia-política. Al narcotráfico tratamiento judicial, no político.

La guerrilla es un enemigo desenmascarado, frente al cual funcionan los anticuerpos de la sociedad y del Estado. Por el contrario, el narcoparamilitarismo es un enemigo que finge ser amigo. Que se disfraza de amigo, de defensor de la sociedad. Y, por lo tanto, contra él no funcionan los anticuerpos del Estado.

Por este motivo el paso a seguir en materia de seguridad, es romper el matrimonio entre narcotráfico, violencia y política. Al narcotráfico debemos darle un tratamiento judicial, de sometimiento a la justicia. A la insurgencia o a la contrainsurgencia, un tratamiento militar o político según las circunstancias. Pero no podemos mezclar lo uno con lo otro.

Tengo que advertir que la capacidad de perturbación y de desestabilización de la amenaza paramilitar, es mucho mayor que la capacidad de perturbación de la guerrilla en Colombia. Y esta sociedad anestesiada está avanzando, ignorando esa circunstancia, hacia convertirse en una narcodemocracia. De lejos, ese es el principal desafío que tenemos que afrontar los colombianos.

CORRUPCIÓN

Perseguiremos a los corruptos en sus fortunas y no solo en sus personas. Quien no logre explicar la fuente lícita de su fortuna la perderá a favor del Estado.

Propongo un acuerdo eficaz contra la corrupción que destierre el tráfico de puestos, contratos y partidas presupuestales, nos blinde contra el soborno internacional y enfrente con la extinción de dominio el enriquecimiento ilícito derivado de la corrupción.

POBREZA

Implementaremos un Plan Nacional contra el Hambre, como inversión prioritaria, incluyente, no asistencialista, donde se entregue un ingreso básico para alimentos a cambio de trabajo, capacitación o estudio

El Plan Nacional contra el Hambre consiste en una política nacional prioritaria, no asistencialista, gerenciada por el Presidente de la República, que incluya recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros, de Entidades Territoriales, Iglesias, Organizaciones no gubernamentales y Empresas, que garantice que ningún colombiano carezca de la provisión mínima de alimentos.

La política tiene qué ser nacional para que no produzca efectos demográficos perversos como ocurre hoy, en contra de las ciudades más solidarias. La estrategia nacional será liderada por el Presidente para que encauce la solidaridad nacional e internacional, centralice y depure la información de los beneficiarios, y logre economías de escala; será prioritaria, de modo que desplace otros destinos de gasto en escenarios de recursos limitados. En educación, primero restaurantes escolares que otros gastos sin importancia vital, y en salud pública, primero alimentación que costosas campañas publicitarias. No hay mejor política de prevención en salud que alimentar a quien está muriendo de hambre.

Esta política debe ser transformadora y no asistencialista, para que no genere hombres dependientes de la caridad pública sino que los transforme en hombres productivos socialmente. Cada niño que reciba la ayuda tendrá qué ir a la escuela. Si es joven, al colegio o a centros de capacitación para el trabajo, si es adulto, tendrá qué trabajar en proyectos comunitarios o sociales y si es anciano, asesorar o enseñar a las nuevas generaciones lo que aprendió en la vida.

CENTRALISMO

Recuperaremos la presencia política y económica del Estado en el territorio con Autonomía de Departamentos y Municipios.

Preservemos lo que se inspiró en la Constituyente de 1991: fortalecer Municipios y Departamentos en competencias y recursos, y suprimir el gasto nacional en asuntos que puedan asumir las entidades territoriales.

Repensar la presencia de entidades nacionales desconcentradas en la provincia. Los Departamentos, asumirían funciones de control que hoy ejercen ineficientemente algunas superintendencias encastilladas en Bogotá. También funciones de promoción del desarrollo regional y cabal aprovechamiento de los recursos regionales. A la par se reforzaría el poder nacional con tres potestades de control: ambiental, anticorrupción y de responsabidad fiscal.

El fortalecimiento de la institucionalidad territorial, y no su desconocimiento, será la clave para que Colombia recupere la soberanía económica y política que ha dejado de ejercer en vastas zonas de nuestra geografía.

La autonomía será esencial para adelgazar el gobierno central y fortalecer los gobiernos territoriales. Para enfrentar la inviabilidad fiscal crónica del centralismo y emplear la soberanía fiscal territorial como un poderoso instrumento para apalancar el desarrollo. La autonomía permitirá incrementar la seguridad de los colombianos, al dejar en manos de gobiernos locales el cuidado del espacio público, escenarios deportivos e infracciones de tránsito y concentrar en el Estado nacional la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

La autonomía afianzará la promoción del desarrollo en el Estado Departamental y Distrital y el cuidado del medio ambiente en el Estado Nacional. Mantendrá en el poder nacional la defensa del país, la conducción macroeconómica y la política exterior, pero convertirá a los gobiernos territoriales, a través de la soberanía fiscal, en socios del pleno y sostenible aprovechamiento de su riqueza y no en testigos mudos del enorme desperdicio o saqueo de su riqueza natural.