El anuncio apareció la misma semana en la que Gloria Zea, quien ha estado durante años al frente de la Ópera de Colombia y del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Mambo, presentaba oficialmente la Temporada de Ópera 2003.

Zea dijo: "No es justo que nos cobren un nuevo impuesto que sería el 10% adicional sobre el costo de la boleta, porque en este momento estamos pagando 10% a Coldeportes, 10% al azar y espectáculos, 12% en alquiler del Jorge Eliécer Gaitán si queremos presentar la ópera allá y 10% a Sayco y Acimpro".

Y agregó: "Realmente todo esto es absurdo. La Beneficencia pretende hacer realidad un acuerdo, el 01 de 1918, que busca cobrarle a las organizaciones privadas sin ánimo de lucro que hacen espectáculos en Bogotá, un impuesto para los pobres. Un acuerdo que no se ha reglamentado y que además no lo quieren hacer retroactivo a los últimos cinco años, con qué lo vamos apagar, tendríamos que entregarles el vestuario de los montajes. Esto es ilegal, la Ley vista así es ilegal, tiene toda suerte de vicios y mientras no se demuestre que es válida, va contra la Constitución. Si continúan con este empeño significaría, para los que hacemos cultura, cerrar inevitablemente".

El impuesto pretende cobrar "el diez por ciento sobre el valor de las entradas efectivas sin excepción a teatros, conciertos, cinematógrafos, plazas de toros, hipódromos, circos de maromas y demás espectáculos públicos análogos", según reza el Acuerdo. Sin embargo, con el tiempo a éste se le anexaron cosas, por ejemplo, la Ley 72 de 1926 que establece en su artículo 6° lo siguiente: "Es el Concejo Municipal de Bogotá, el que "puede organizar libremente sus rentas, percepción y cobro, ya por administración directa, delegada o por arrendamiento, y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales y sin necesidad de previa autorización de la asamblea departamental".

Doce años después, en 1938 el Acuerdo 33 dispuso en su artículo 12: "Autorízase al Alcalde para traspasar a la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca el recaudo del Impuesto del "Fondo de los Pobres" mediante un contrato por el cual la Junta General de Beneficencia se comprometa al sostenimiento de todos los indigentes que le remita la Alcaldía en las condiciones que se estipulen en dicho contrato, el cual no requerirá para su validez la posterior aprobación del Concejo".

Sin embargo, sólo hasta este año, el Director de la Beneficencia de Cundinamarca puso sobre el tapete el tema y aseguró que el impuesto debería ser retroactivo, es decir, que las entidades culturales que han realizado espectáculos deberían pagar lo que no han cancelado los últimos cinco años.

Jorge Vargas, del Teatro Taller de Colombia y quien está al frente del IV Festival Internacional de Teatro "Al aire puro", que entre el 28 y 31 de agosto se tomará la capital, aseguró que este nuevo impuesto "significa que el Estado está matando poco a poco con los sueños de los creadores culturales y de la gente que tiene dinero para acudir a teatro y a espectáculos culturales en general".

Según Vargas, "la mayoría de salas de teatro está trabajando a pérdidas. Si el Teatro Nacional que es el que cuenta con mayores posibilidades para realizar grandes espectáculos qué diremos nosotros que tenemos una sala donde cobramos la boleta a $4.000 pesos, eso no es nada. El Impuesto al Pobre no tiene razón de ser, sin duda la política estatal está desenfocada. Si lo que falta es apoyo a la cultura, es una vergüenza el trato a la cultura".

Por su parte el actor Juan Carlos Mateus, que en la actualidad participa en varias producciones teatrales, asegura que a pesar de que el impuesto está más enfocado en las personas que realizan espectáculos grandes, los que se ven más afectados con la medida son sin duda los pequeños teatreros y las personas que individualmente le están apostándole a la cultura. "El Gobierno ya quitó el programa de Salas Concertadas que le permitía un respiro a las personas que están haciendo teatro y ahora aparece este impuesto, no estoy de acuerdo, creo que es injusto".

La discusión parece que hasta ahora empieza. Fanny Mikey directora del Teatro Nacional y quien cada dos años le entrega al país el Festival Iberoamericano de Teatro, asegura enfáticamente que si no le encuentran una salida a este nuevo cobro ella tendrá que cancelar el próximo Festival. A su queja se une Gloria Zea con la Temporada de Ópera de los próximos años. Según el gerente de la Beneficencia, si la cultura no paga la entidad no tendrá cómo generar los recursos necesarios para apoyar a una población que cada día va en aumento.