Farc, Autodefensas y Estado: responsables

Tras la visita de la comisión de la ONU al Medio Atrato (Chocó) para verificar y constatar los hechos de violencia que cobraron la vida de 119 civiles, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, reveló un informe en el que responsabiliza a las Farc, Autodefensas y al mismo Estado de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. El texto contiene detalles del conflicto, antecedentes y testimonios que la misión recogió de la población civil y las autoridades de la zona.

En el mismo texto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado, lamenta los incidentes presentados en cuanto a las garantías de seguridad y de cooperación que ofreció el Gobierno a la misión de la ONU. Al mismo tiempo, hace referencia a las declaraciones que en el documento califican como “irrespetuosas”, por parte de funcionarios del Estado como el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio; el Director Nacional de Fiscalías, Justo Pastor Rodríguez y los generales Fernando Tapias, Jorge Enrique Mora y Mario Montoya, ante las denuncias hechas por el director de la oficina, Anders Kompass.

El informe reitera las advertencias que realizó la Oficina al Gobierno y a las autoridades, acerca de la incursión de grupos paramilitares en algunas localidades del Medio Atrato, en donde había presencia guerrillera. Ante las alertas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación constataron el riesgo e hicieron también llamado al Estado, para prevenir un posible y fuerte enfrentamiento entre estos dos grupos irregulares.

Según la Oficina de la ONU, además de las Farc y las Autodefensas, el Estado también tiene responsabilidad en la masacre presentada en el municipio chocoano de Bojayá, teniendo en cuenta las normas internacionales de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, DIH.

En dichas normas el Estado tiene la obligación de prevenir, garantizar y proteger a la población. “Preocupa a la Oficina la falta de respuesta oportuna y eficaz de las autoridades encargadas de adoptar las medidas para evitar la ocurrencia de los hechos, considerando las alertas formuladas...”, dice el documento.

El informe hace mención a la convivencia entre los grupos paramilitares y los militares, ésto corrobora las denuncias realizadas por el director de la Oficina en Bogotá, Anders Kompass, que generaron malestar en los altos funcionarios del Estado, quienes las rechazaron.

En los testimonios que la misión recogió en la zona de los hechos, la Oficina muestra preocupación por la falta de actuación de la fuerza pública ante el paso de los paramilitares, quienes arribaron al lugar en lanchas, y traían un recorrido en el que debían pasar por retenes y puestos de control. “En estos casos la omisión del Estado puede constituir una violación a los derechos humanos y comprometer la responsabilidad estatal por los acciones de esos grupos ilegales”, dice el informe.

Otros puntos en donde la Oficina de la ONU encontró responsabilidad del Estado, están en la no-prevención de los desplazamientos forzados de la población, pues éstos fueron causa del enfrentamiento, en donde la población civil estuvo en medio del fuego y fue víctima de los hechos. Toman en cuenta además, la denuncia hecha por el Teniente William Antonio Peña Julio, de la convivencia entre las autoridades locales y los grupos paramilitares.

“Cabe evaluar la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos en Napipí (lugar también afectado por los enfrentamientos) La realización de acciones bélicas sin atender los principios humanitarios de limitación, distinción y proporcionalidad constituye una infracción del artículo 13 del Protocolo II”, dice el texto.

Otras declaraciones encontradas por la misión en el Medio Atrato, destacan la presencia de varios comandantes de las AUC, quienes llegaron en avión a Vigía del Fuerte (Antioquia) y sostuvieron posteriormente una reunión con integrantes de las fuerzas militares del lugar.

Responsabilidad de los grupos al margen de la ley

“Las FARC-EP tienen responsabilidad en la muerte violenta de más de 100 civiles, las lesiones de más de 80 personas y la destrucción de bienes civiles, causadas por el lanzamiento de pipetas, en el marco de un enfrentamiento armado con un grupo de paramilitares. La autoría de estos hechos por parte de miembros de las FARC-EP”.

Claramente la Oficina enuncia las infracciones que el grupo de las Farc hizo al Derecho Internacional Humanitario, como el artículo 3 común a los Cuatro Convenios de Ginebra y el artículo 13 del Protocolo II. “Además violan los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad, así como de inmunidad de la población civil”.

Algunas de las infracciones cometidas por el grupo guerrillero son el uso de armas no convencionales (cilindros) de los cuales no se pueden limitar sus efectos; no respetaron los bienes culturales ni los lugares de culto (artículo 16 Protocolo II) y provocaron el desplazamiento masivo de la sociedad civil.

A esta organización se le responsabiliza también los hechos ocurridos en Napipí el seis de mayo, “al exponer nuevamente a la población civil en su enfrentamiento con la Infantería de Marina cuando ésta pretendía llegar a Bellavista”.

En cuanto a la responsabilidad adjudicada el grupo paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y aunque la muerte de los civiles fue consecuencia de la pipeta lanzada por las Farc, son culpables en materia humanitaria al haber expuesto a la población a los peligros de las acciones militares.

Al igual que las Farc, el grupo paramilitar tiene culpa en los desplazamientos masivos de la población civil, en el robo de víveres, enseres y embarcaciones pertenecientes a los pobladores de Bellavista. Esta conducta, denominada como pillaje, infringe el artículo 4.2 del Protocolo II Adicional a los cuatro Convenios de Ginebra.

Recomendaciones

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomienda en materia judicial y disciplinaria adelantar con independencia e imparcialidad, una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, para identificar los autores responsables de las Farc, AUC y del Estado, partícipes en los hechos violentos. Entre la actuación judicial se destaca la identificación de las víctimas.

“En particular, recomienda a la Red de Solidaridad Social que incremente la atención humanitaria de emergencia para las comunidades asentadas a orillas de los afluentes del río Atrato, así como en sus dos brazos, los de Montaño y Murindó. Es importante que de tal atención no se excluya a las personas que, aún sin haberse desplazado por los hechos objeto de este informe, padecen desde hace un mes el bloqueo de alimentos y combustible impuesto por los grupos armados al margen de la ley”.

El informe finaliza haciendo un llamado al Gobierno y a las Farc a reiniciar los diálogos y así ponerle fin al conflicto armado.