Estado no sabe cuántos bienes ha incautado

Durante su intervención ante el senado de la República, para explicar el más reciente decreto expedido por el Gobierno Nacional, que habla de la extinción de dominio, el ministro del Interior y de la Justicia, Fernando Londoño, aseguró que la situación sobre este tema es tan dramática, que el Estado no tiene conocimiento de cuántas propiedades tiene en su poder. Muestra de ello, es que después de 10 años de desaparecidos los “capos” del narcotráfico, el Estado no ha podido incautar los bienes a sus herederos.

Londoño Hoyos denunció en el recinto del Congreso de la República, graves irregularidades en el manejo de los bienes incautados al narcotráfico, y anunció, que se contratará una firma norteamericana con el fin de realizar el inventario de las propiedades confiscadas, pero que sólo se conocerá hasta el mes de marzo del próximo año.

El decreto 1975, que plantea las nuevas normas de la extensión de dominio, fue expedido a la luz de la Conmoción Interior, y de esta forma se suspende la ley 333 para poder contrarrestar al narcotráfico.

Respecto al tema, el Director Nacional de Estupefacientes, coronel Alfonso Plazas Vega, dijo que la anterior ley de extinción tuvo tantas debilidades que luego de diez años de muertos Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, el Estado no ha podido incautar los bienes a sus herederos.

La advertencia de las anomalías presentadas en el desarrollo de la política para la incautación y administración de los bienes adquiridos con dineros ilícitos, en especial del narcotráfico, ya la había realizado la Contraloría General de la República a través de un informe en el que asegura, que es “urgente revisar el esquema institucional de incautación de bienes, para que el Estado los administre en forma más eficiente y transparente, en especial sobre los cuales no se ha demostrado su origen viciado”.

En el mismo informe califica el panorama como “desalentador” y asegura que la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, entidad encargada de coordinar la lucha contra el narcotráfico en el país, es “ineficiente e ineficaz” en el manejo de los bienes puestos a su disposición.

Según la Contraloría, la DNE tiene bajo su responsabilidad administrar 37.497 propiedades, “una gestión que resulta limitada por la información deficiente sobre los bienes incautados, falta de control, cuidado y adecuado seguimiento a la explotación económica”, contempla el informe.

El director de la DNE, el Gobierno Nacional y hasta el fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio coinciden en que se necesita de una ley con “dientes” para poder ejercer el completo dominio en materia de extinción de dominio.

Se agilizarían procesos de extinción de dominio

El ministro del Interior y de la Justicia, Fernando Londoño, dijo que con el decreto 1975, se agilizarían los procesos de extinción de dominio, pues el proceso pasaría de dos años a cuatro meses, y enfatizó, en que se respetarían las garantías de los procesados siempre y cuando comparezcan personalmente para notificarse de los sumarios en su contra.

Londoño explicó que si un procesado no comparece personalmente en un término breve de tres meses, se entiende que abandona sus bienes y los recupera el Estado. Fue claro en asegurar que durante el proceso estará presente la Procuraduría.

Las sentencias judiciales que sean expedidas, tendrán prevalencia sobre cualquiera que tenga un juez pendiente. Explicó, además, que el decreto se complementa con uno reglamentario que recupera la función de los jueces especializados del circuito, a quienes, según el ministro, les han asignado tantas tareas que ya no son especializados no pueden cumplir sus funciones a cabalidad.