El país pagó 260 millones de dólares en secuestro entre 1996 y 2003

El delito de secuestro costó al Estado y a la sociedad colombiana US$260 millones entre 1996 y el 2003, cifra que equivale a medio punto del Producto Interno Bruto (PIB), según lo reveló el miércoles un estudio oficial del Departamento Nacional de Planeación.

La investigación estableció que del total de los costos, US$110 millones fueron gastados por el Estado para combatir el delito y los US$150 millones restantes fueron pérdidas para la sociedad.

Los investigadores clasificaron los costos en directos e indirectos. Los directos son los gastos en los que se incurre para combatir el delito y los pagos de rescates por parte de las familias.

Los indirectos son las pérdidas sufridas por un secuestrado, como la falta de productividad y los salarios dejados de percibir.

En los ocho años analizados se registraron en Colombia, país de más de 40 millones de habitantes, 21.078 secuestros, un promedio de 3.000 al año.

En ese lapso las regiones más afectadas fueron Antioquia, Cesar, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca, y la mayoría de las víctimas fueron hombres casados con edades entre 24 y 55 años, con un tiempo promedio de un mes de secuestro y el pago de rescates por alrededor de US$20.000.

"Durante este periodo los secuestrados dejaron de recibir unos US$47,7 millones por el no pago de salarios, mientras que la muerte temprana de los retenidos dejó pérdidas a la sociedad por unos US$44,6 millones", precisó.

Segundo ingreso

En el período analizado se pagaron rescates por US$56,5 millones, de los cuales las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibieron alrededor de 70%.

De acuerdo con fuentes de seguridad, la guerrilla izquierdista ha hecho del secuestro y de la extorsión su segunda fuente de financiación, después del narcotráfico.

Colombia, considerada la capital mundial del secuestro, sufre un conflicto interno de cuatro décadas que dejó 35.000 muertos y dos millones de desplazados internos en los últimos dos lustros.

El gobierno del presidente Álvaro Uribe impulsa una polémica campaña para combatir a los grupos armados ilegales.

Sus políticas son criticadas por los organismos defensores de los derechos humanos, pero el gobierno alega que éstas le han permitido reducir los secuestros, los asesinatos, las masacres y los ataques contra la infraestructura energética, vial y de telecomunicaciones del país.

Con información de la BBC