JAMUNDÍ: No fue un error, fue un crimen: Mario Iguarán, Fiscal

El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, aseguró que la muerte del mejor grupo de policía antinarcóticos del país, el pasado 22 de mayo, no fue un error. Se trató de una “masacre”.

En efecto fue un vil asesinato. “Fue un acierto, un acierto criminal” repitió el Fiscal al confirmar la captura de dos oficiales del ejército y seis soldados, como presuntos responsables de la muerte de los agentes de la Dijin.

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La captura

Desde las 5:30 de la mañana el juez 12 Penal Municipal, con función de Control de Garantías, ordenó la detención de los militares, entre ellos del coronel Byron José Carvajal Osorio, comandante del Batallón de Alta Montaña adscrito a la Tercera Brigada, Bajo el cargo de "autor por omisión.

También se procedió a la detención del teniente Harryson Eladio Castro Aponte, el sargento Jaime Humberto Montenegro Castañeda y los soldados Carlos Fernando Erazo Riascos, Luis Eduardo Carvajal Peralta, Nelson Enrique David Posso, José Alfredo Porras Mantilla y José Geiner Peñaranda Díaz, sindicados de "homicidio agravado", por cuanto la muerte de los agentes y el civil se produjo "fuera de combate".

Gracias a las contundentes pruebas en su contra presentadas por la Fiscalía fue ordenada la captura, imputándoseles el cargo de homicidio agravado.

Este jueves los uniformados se declararon inocentes. Los ocho militares sindicados rechazaron los cargos, argumentando que había tergiversado los testimonios entregados ante la Procuraduría Regional y que las pruebas eran circunstanciales. Manteniendo la tesis que fue un error militar.

Sin embargo el juez penal municipal dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación. El Fiscal calificó “las evidencias como pruebas irrefutables de que “la masacre” fue para impedir y obstruir la justicia, además aseguró que estos hechos permiten que se sigan enlodando el buen nombre y el honor de las Fuerzas Militares”.

Las pruebas

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía son de dos tipos: las primeras las grabaciones de las comunicaciones que recibieron y transmitieron los agentes de la Dijin antes y durante la balacera. Además de las comunicaciones de los soldados después de las masacre.
El segundo paquete de pruebas son los dictámenes de balística, la medición de la distancia de los disparos y la ubicación de los soldados al abrir fuego.


“Hicimos una triangulación de las comunicaciones de los celulares, antes durante y después de la masacre y nos muestra que hubo una coordinación previa al ataque y nos enseña que se dio o se intentó fraguar una coartada para confundirnos”, explicó ayer el fiscal Mario Iguarán.

La Fiscalía decomisó los teléfonos celulares de los oficiales y los soldados encontrando que la mayoría de las órdenes fueron impartidas por esta vía. Las primeras órdenes indicaban esperar a los policías de la Dijin, demostrando que se tenía conocimiento de las acciones de la policía antinarcóticos y la responsabilidad del coronel Carvajal Osorio

A sí mismo, los mensajes de texto, posteriores al enfrentamiento, por parte daban la orden a los oficiales y suboficiales de emitir una sola versión de los hechos, lo que indica una confabulación para ocultar información y tan vez mentir.

Durante las indagatorias algunos soldados aseguraron que recibían órdenes de sus superiores, mientras otros dijeron que estaban repeliendo un ataque previo de los agentes del cuerpo elite de la Dijin.

El segundo paquete de pruebas recopiladas por los expertos en criminalística de la Fiscalía, permitieron establecer todos los rasgos propios de una emboscada.
Pues los soldados del Batallón de alta montaña estaban distribuidos en siete puestos de fuego diferentes, y tenían apostado un francotirador en un lugar estratégico.
Además la utilización de armas de largo alcance y una ametralladora punto 50 y la activación de siete granadas de fragmentación.

“Aquí todo nos indica que no hay relación alguna con el servicio. Los militares implicados no estaban velando por la soberanía y la integridad del territorio nacional. Por lo tanto, la competencia la tiene la jurisdicción ordinaria. Por eso me parece un desconocimiento total de la jurisprudencia que alguien considere que por ahora esto le corresponde a la Justicia Penal Militar”, reiteró Iguarán al confirmar que continuará con el caso.

El siguiente paso

Después de la parte técnica, las audiencias de legalización, de la captura y de la presentación de todos elementos materiales probatorios. La Fiscalía realizó la imputación de cargos y el juez 12 penal municipal dictó medida de aseguramiento.
Ahora la Fiscalía tiene un término de 30 días para dictar resolución de acusación o precluir. En este último caso, dar por terminado el proceso en favor de los detenidos.

Si se acusa, se abrirá el juicio formal. El cual deberá durar máximo 30 días donde se preparan las audiencias y posteriormente, aproximadamente diez días después se fija la fecha del juicio oral. Al final es el juez quien tiene que indicar el sentido del fallo, que será de absolución o condena.


El presidente apoya a la Fiscalía

Por su parte, el gobierno nacional declaró que apoya "totalmente" la decisión de la Fiscalía de detener a ocho miembros del Ejército.

"Para tener credibilidad, tenemos que acompañar la eficacia de la transparencia", dijo el presidente del país, Álvaro Uribe, y añadió que "nuestro compromiso es la transparencia (y), en consecuencia, apoyamos totalmente las decisiones de la Fiscalía".

Por: Camilo Marín Villar
COLOMBIA.COM

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