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"La
paradoja es que la zona de distensión,
que debía facilitar las condiciones del
diálogo y la negociación, se está
convirtiendo en uno de los mayores obstáculos
para lograr la paz.
Propongo, para salvar el proceso de paz, un replanteamiento
de la zona de despeje bajo las siguientes premisas:
Primera:
La zona de despeje de aquí en adelante
debe acompañarse de una suspensión
de todos los actos criminales y un cese al fuego
por parte de la guerrilla que sean efectivos y
verificables.
Segunda:
El Estado debe recuperar la potestad de llegar
a cualquier parte del territorio para recuperar
un secuestrado, para perseguir y atacar el crímen
y los delincuentes, encuéntrense donde
se encuentren.
Tercera: Las FARC no podrán seguir
suplantando al estado en la zona, haciendo de
jueces, recaudadores de extorsiones, carceleros
y verdugos de los civiles.
Cuarta:
El gobierno y la guerrilla deben aceptar una verificación
internacional que establezca el cumplimiento de
los acuerdos y los reglamentos de la zona desmilitarizada.
Si el gobierno, como todo parece indicar, no lo
introduce ya estas modificaciones y no se presentan
resultados en la negociación, los colombianos
pueden tener la certeza de que lo haré
yo el 7 de agosto próximo."
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La
revista Cambio que circuló el 8 de octubre
de 2.001 publica el artículo que para este
medio escribió Noemí Sanín.
Presentamos a nuestra audiencia este documento:
"Un
proceso de paz que, como el actual, perdió
el respaldo y la confianza de la sociedad no es
sustentable. He propuesto que el proceso de negociación
se suspenda. Es decir, que se haga un alto en
la discusión de la agenda y que el Gobierno
y las Farc se concentren exclusivamente en acordar
un alto el fuego verificable para devolverle su
viabilidad y credibilidad. La discusión
del documento de los Notables, al cual he hecho
observaciones, puede ser un buen punto de inicio
para lograr este propósito.
La prórroga de la zona de distensión
tiene sentido únicamente con este objetivo.
Valdría la pena extenderla por un tiempo
-puede ser por 45 días- para concretar
los mecanismos y las reglas del alto el fuego.
Ése debe ser el único tema de la
agenda por el momento.
El punto de partida es claro: no puede haber más
secuestros ni extorsiones y todos los secuestrados
tienen que ser liberados inmediatamente.
Pero también es esencial que el alto el
fuego sea verificable. Para eso se requiere la
localización de todos y cada uno de los
subversivos en áreas precisas y con reglas
claras : Deben garantizarse las libertades y los
derechos de los civiles en la zona. Las autoridades
legítimas tienen que cumplir plenamente
sus funciones. El Estado debe reservarse el derecho
de que las Fuerzas Armadas entren a la zona de
distensión para impedir el refugio de guerrilleros
después de un ataque, para liberar secuestrados
o para prevenir acciones terroristas. Pero además,
debe existir claridad en que los beneficios de
los acuerdos de paz sólo se aplicarán
a los miembros de la guerrilla ubicados en las
zonas.
Aprendamos de los errores del pasado. En la década
del 80 el hecho de no haber contado con un modelo
de localización y verificación efectivas
dio al traste con la tregua y con la posibilidad
de un acuerdo de paz. Sin localización
ni verificación la tregua es un semillero
de conflictos. En un país con tantos actores
violentos es casi imposible determinar de dónde
vienen las balas y los secuestros.
El país puede y debe negociar con los alzados
en armas. Pero se necesita firmeza y claridad.
Un Estado débil no hace la paz.
Una tregua sin normas limita las acciones del
Ejército y la Policía y dificulta
su trabajo para preservar la tranquilidad. ¿A
quién ataca? ¿Cómo identifica
a los que violan los acuerdos? ¿Cómo
distingue entre guerrillas que están dentro
del proceso de las que no lo están? ¿De
los paramilitares? A lo anterior hay que sumarle
el hecho de que las Farc no controlan a cada uno
de sus miembros o frentes.
Una tregua sin normas atenta contra el fortalecimiento
reciente de las Fuerzas Armadas. Si cada vez que
se fortalecen limitamos su accionar, jamás
podremos exigir los resultados que la sociedad
demanda y merece.
En una tregua mal planteada, el país estaría
condenado a presenciar una guerrilla movilizándose,
reagrupándose, haciendo proselitismo armado
ante la mirada pasiva del Estado. La tregua podría
convertirse así en un obstáculo
insalvable para atacar las grandes extensiones
de coca y amapola, protegidas por las Farc, los
paramilitares y los delincuentes.
Las acusaciones mutuas sobre su violación
llevarían a la ruptura del proceso en medio
de trágicos sucesos. La guerrilla saldría
fortalecida y se agudizarían el paramilitarismo
y la guerra sucia.
El país puede y debe negociar con los alzados
en armas. Pero se necesita firmeza y claridad.
Un Estado débil no hace la paz. La debilidad
es el peor enemigo de la solución política.
La paz la hace un Estado fuerte que demuestra
a los violentos que las armas no les darán
la victoria.
El temor no puede ser el argumento para negociar.
Si las Farc insisten en su escalada criminal y
rechazan los cambios sustanciales que el proceso
necesita, tendremos que asumir con valor la decisión
de la guerrilla de cerrarle el paso a la solución
política. Y garantizar, con todos los instrumentos
de la democracia, la seguridad y el bienestar
de los colombianos.
No es patriótico apostar al fracaso del
proceso de paz. Hay que replantearlo con seriedad,
con reglas de juego claras. Es la única
forma en que los colombianos podremos nuevamente
creer en él."
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