"La paradoja es que la zona de distensión, que debía facilitar las condiciones del diálogo y la negociación, se está convirtiendo en uno de los mayores obstáculos para lograr la paz.

Propongo, para salvar el proceso de paz, un replanteamiento de la zona de despeje bajo las siguientes premisas:

Primera: La zona de despeje de aquí en adelante debe acompañarse de una suspensión de todos los actos criminales y un cese al fuego por parte de la guerrilla que sean efectivos y verificables.

Segunda: El Estado debe recuperar la potestad de llegar a cualquier parte del territorio para recuperar un secuestrado, para perseguir y atacar el crímen y los delincuentes, encuéntrense donde se encuentren.

Tercera: Las FARC no podrán seguir suplantando al estado en la zona, haciendo de jueces, recaudadores de extorsiones, carceleros y verdugos de los civiles.

Cuarta: El gobierno y la guerrilla deben aceptar una verificación internacional que establezca el cumplimiento de los acuerdos y los reglamentos de la zona desmilitarizada.

Si el gobierno, como todo parece indicar, no lo introduce ya estas modificaciones y no se presentan resultados en la negociación, los colombianos pueden tener la certeza de que lo haré yo el 7 de agosto próximo."

La revista Cambio que circuló el 8 de octubre de 2.001 publica el artículo que para este medio escribió Noemí Sanín. Presentamos a nuestra audiencia este documento:

"Un proceso de paz que, como el actual, perdió el respaldo y la confianza de la sociedad no es sustentable. He propuesto que el proceso de negociación se suspenda. Es decir, que se haga un alto en la discusión de la agenda y que el Gobierno y las Farc se concentren exclusivamente en acordar un alto el fuego verificable para devolverle su viabilidad y credibilidad. La discusión del documento de los Notables, al cual he hecho observaciones, puede ser un buen punto de inicio para lograr este propósito.

La prórroga de la zona de distensión tiene sentido únicamente con este objetivo. Valdría la pena extenderla por un tiempo -puede ser por 45 días- para concretar los mecanismos y las reglas del alto el fuego. Ése debe ser el único tema de la agenda por el momento.

El punto de partida es claro: no puede haber más secuestros ni extorsiones y todos los secuestrados tienen que ser liberados inmediatamente.

Pero también es esencial que el alto el fuego sea verificable. Para eso se requiere la localización de todos y cada uno de los subversivos en áreas precisas y con reglas claras : Deben garantizarse las libertades y los derechos de los civiles en la zona. Las autoridades legítimas tienen que cumplir plenamente sus funciones. El Estado debe reservarse el derecho de que las Fuerzas Armadas entren a la zona de distensión para impedir el refugio de guerrilleros después de un ataque, para liberar secuestrados o para prevenir acciones terroristas. Pero además, debe existir claridad en que los beneficios de los acuerdos de paz sólo se aplicarán a los miembros de la guerrilla ubicados en las zonas.

Aprendamos de los errores del pasado. En la década del 80 el hecho de no haber contado con un modelo de localización y verificación efectivas dio al traste con la tregua y con la posibilidad de un acuerdo de paz. Sin localización ni verificación la tregua es un semillero de conflictos. En un país con tantos actores violentos es casi imposible determinar de dónde vienen las balas y los secuestros.

El país puede y debe negociar con los alzados en armas. Pero se necesita firmeza y claridad. Un Estado débil no hace la paz.

Una tregua sin normas limita las acciones del Ejército y la Policía y dificulta su trabajo para preservar la tranquilidad. ¿A quién ataca? ¿Cómo identifica a los que violan los acuerdos? ¿Cómo distingue entre guerrillas que están dentro del proceso de las que no lo están? ¿De los paramilitares? A lo anterior hay que sumarle el hecho de que las Farc no controlan a cada uno de sus miembros o frentes.

Una tregua sin normas atenta contra el fortalecimiento reciente de las Fuerzas Armadas. Si cada vez que se fortalecen limitamos su accionar, jamás podremos exigir los resultados que la sociedad demanda y merece.

En una tregua mal planteada, el país estaría condenado a presenciar una guerrilla movilizándose, reagrupándose, haciendo proselitismo armado ante la mirada pasiva del Estado. La tregua podría convertirse así en un obstáculo insalvable para atacar las grandes extensiones de coca y amapola, protegidas por las Farc, los paramilitares y los delincuentes.

Las acusaciones mutuas sobre su violación llevarían a la ruptura del proceso en medio de trágicos sucesos. La guerrilla saldría fortalecida y se agudizarían el paramilitarismo y la guerra sucia.

El país puede y debe negociar con los alzados en armas. Pero se necesita firmeza y claridad. Un Estado débil no hace la paz. La debilidad es el peor enemigo de la solución política. La paz la hace un Estado fuerte que demuestra a los violentos que las armas no les darán la victoria.

El temor no puede ser el argumento para negociar. Si las Farc insisten en su escalada criminal y rechazan los cambios sustanciales que el proceso necesita, tendremos que asumir con valor la decisión de la guerrilla de cerrarle el paso a la solución política. Y garantizar, con todos los instrumentos de la democracia, la seguridad y el bienestar de los colombianos.

No es patriótico apostar al fracaso del proceso de paz. Hay que replantearlo con seriedad, con reglas de juego claras. Es la única forma en que los colombianos podremos nuevamente creer en él."