Hace
7 años, tuve la inmensa responsabilidad
de ser ponente de la Ley 100 y me correspondió
implementarla en la Gobernación de mi terruño.
Tenemos resultados buenos y también problemas.
Hemos pasado de 4'000.000 de beneficiarios del
régimen contributivo a más de 14'400.000.
El Régimen Subsidiado ha llegado a más
de 9'500.000 afiliados, que, a diferencia de la
antigua medicina de caridad para los pobres, tienen
aseguradas las enfermedades de alto costo. Pero
hay 7'500.000 personas que necesitan este beneficio
y todavía no lo poseen.
Para evitar tanta intermediación en los
pagos de subsidios de salud debe haber un único
fondo que reciba los recursos de la fuente y los
gire de manera directa al último de la
cadena. Que pague al hospital los servicios que
prestó y a la administradora el reaseguro
y la administración.
Debe reforzarse la depuración en las administradoras
y no descartar como último recurso que
la administración del Régimen Subsidiado
se asigne exclusivamente a las cajas de compensación
y a organizaciones cooperativas serias.
La Superintendencia, por medio de más convenios
con departamentos, municipios, además con
universidades, concejos municipales y entidades
comunitarias, sin crecimiento burocrático,
debe vigilar que los servicios subsidiados lleguen
a los más pobres y evitar que los carnets
se asignen sin merecimientos en vísperas
electorales.
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Se
debe garantizar la remuneración equitativa
a médicos y profesionales afines, y también
medicina humanizada, que empiece con el adecuado
tiempo de disponibilidad para la atención
de cada paciente.
Los hospitales públicos tienen que reducir
sus gastos de funcionamiento del 80 al 30% como
en las clínicas privadas; tener una adecuada
utilización de su infraestructura, el pronto
pago de servicios; y se les debe promover participación
en las administradoras del Régimen Subsidiado.
Una de las instituciones básicas de la ley
100 es la diversidad de opciones. Son necesarias
las Empresas Promotoras de Salud y el Seguro Social.
A la recuperación de esta entidad aporto
tres sugerencias: las clínicas no pueden
administrarse por directorios políticos;
los sindicatos tienen que hacer sacrificios (ya
han dado señales en esa dirección);
y, se requiere experimentar contratos de administración
de centros y clínicas con Cajas de Compensación.
Colombia ha construido un Sistema de Seguridad Social
con monopolio público en la reglamentación
y vigilancia, y concurrencia de entidades oficiales,
privadas y sociales en la prestación de los
servicios. La comunidad académica internacional
admira cómo se abrió un espacio al
sector privado sin eliminar la solidaridad; al contrario,
se aumentó. Las dificultades que enfrentamos
no pueden servir para engañar al pueblo y
regresar al monopolio de la burocracia, que predica
la solidaridad pero no la practica y durante 40
años tuvo estancada la cobertura. |
