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¿Por
qué una candidatura COMUNAL, COMUNITARIA
y POPULAR a la Presidencia de la República?
Porque solamente
un Gobierno Nacional auténticamente popular
bajo los postulados de lo común, lo colectivo,
lo solidario, lo participativo, lo ético,
lo ambiental y lo público, en el marco
de nuestra cultura y nuestros niveles de desarrollo,
es garantía de justicia social, convivencia,
paz y desarrollo.
Porque ningún
sector económico, social ni político
del país está tan cerca del interés
general, del interés público ni
de lo ético como el sector comunitario
en su actividad cotidiana y silenciosa por la
defensa de los intereses y aspiraciones colectivas
de sus comunidades.
Tampoco existe un
sector que haga más por la convivencia,
la paz, la democracia y el desarrollo del país;
son en promedio más de cinco mil reuniones
y Asambleas semanales en barrios, poblados y veredas
en la búsqueda de soluciones pacíficas
a las necesidades y aspiraciones de las comunidades,
a ningún costo para el Estado.
Porque es nuestra
responsabilidad política ofrecer una opción
propia de nivel nacional a los comunales, a los
sectores populares y al país. Muchos de
ellos hicieron del Movimiento Político
Comunal y Comunitario de Colombia la tercera fuerza
electoral nacional el 29 de octubre de 2000, según
lo comprueban los datos de la Registraduría
Nacional.
Porque al contrario
de los postulados neoliberales, tenemos muy clara
nuestra convicción de que el empleo, el
campo, la economía productiva y la supervivencia
de la población, solamente se garantizarán
reconstruyendo el mercado interno para la producción
nacional, recuperando la soberanía pública
y ciudadana sobre los servicios públicos
y sociales en un Estado Social de Derecho que
apoye y beneficie los auténticos intereses
nacionales.
Porque las empresas
de servicios públicos y sociales no pueden
ser negocios particulares para el gran capital
nacional e internacional sino servicios que debe
garantizar el Estado a través de empresas
públicas y comunitarias. Es la solución
principal a las altas tarifas.
Porque debemos reivindicar
a la dirigencia comunal, solidaria, comunitaria,
campesina y citadina, colocándola en el
lugar que se merece en la conducción de
la sociedad y del Estado. Esta dirigencia es el
patrimonio democrático más importante
para la construcción de la democracia participativa
y para la reconstrucción nacional. No obstante
su permanente manoseo para los intereses de los
partidos y del Estado, es gente honesta en su
origen y necesita claras propuestas que la orienten
en el verdadero sentido de los intereses de sus
comunidades y del país.
Porque los partidos
políticos tradicionales han demostrado
su incapacidad para construir los caminos de la
justicia social, la ética, la paz y el
desarrollo. Por el contrario, son los principales
responsables de las crisis económica, social,
política y de paz.
Porque debemos reconstruir
con políticas de desarrollo regional los
municipios y los gobiernos municipales, los departamentos
y los gobiernos departamentales, la nación
y el gobierno nacional, sobre la base de los principios
de lo común, lo colectivo, lo solidario,
lo participativo, lo ético, lo público,
lo ambiental y lo social.
Porque debemos sustituir
el actual régimen de contratación
pública de la Ley 80, bien llamado régimen
de corrupción, por una forma de ejecución
de los recursos públicos con las comunidades
a partir de su complementación autogestionaria.
Es la principal estrategia contra la corrupción.
La Ley 80 al monopolizar el gasto público
con los particulares excluyó toda posibilidad
de ejecutar el recurso público con las
organizaciones comunitarias. Por eso este recurso
rinde cada vez menos.
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