6.
EL MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO
La economía estará siempre al servicio
de hombres y mujeres, y de la comunidad, y orientada
a satisfacer las necesidades básicas, a procurar
el mejoramiento creciente de la calidad de vida
y a abrir posibilidades reales de trabajo y desarrollo
a las personas, las empresas, las regiones y el
país. Rechazamos el modelo neoliberal y la
subasta del Estado a través de las privatizaciones.
El Estado debe contar con instrumentos eficaces
para actuar por sí mismo y para facilitar
el control político consciente por parte
de la sociedad, a fin de que la propiedad cumpla
una función social y se creen nuevas formas
democráticas de propiedad, se presten oportuna
y eficientemente los servicios públicos a
precios razonables a toda la población, y
se garanticen los servicios de educación,
salud y seguridad social a todas las personas sin
excepción, en forma gratuita y con alta calidad.
Trabajaremos por cerrar la brecha en las condiciones
de vida que separa hoy a la minoría que disfruta
de todos los servicios y de las ventajas del desarrollo,
frente a la inmensa mayoría marginada de
los mismos.
Implantaremos un modelo nuevo de economía
mixta que garantice la igualdad en las oportunidades
de bienestar de la sociedad. El Estado creará
las condiciones institucionales necesarias para
la libre actividad económica de todas las
personas, controlará al capital financiero
especulativo y el endeudamiento generalizado; democratizará
el crédito; facilitará el acceso popular
a la vivienda; garantizará una reforma agraria
integral y la reforma urbana. Privilegiaremos al
sector productivo, estimularemos el crédito
de fomento y limitaremos drásticamente la
usura bancaria, llevando esta importante función
pública a niveles de eficiencia en los que
disminuyan los márgenes de intermediación
y las actividades especulativas.
Otorgaremos prioridad al desarrollo acelerado de
una infraestructura moderna portuaria, férrea,
carreteable, energética y de comunicaciones,
que mejore la conectividad, estimule la actividad
económica, y genere empleo. Se revisará
el sistema de concesión para que además
de rentabilidad se garantice también la reinversión
asumiendo los riesgos propios del emprendimiento
económico. Las empresas beneficiarias de
concesión deben avanzar hacia la democratización,
dándole cabida a pequeños accionistas.
Buscaremos la expansión del mercado interno
a través del incremento del empleo de calidad,
de una política de mejor distribución
del ingreso, de impulso a la producción en
las tierras ociosas y protección selectiva
de las importaciones. El país sólo
importará lo que no pueda producir.
Impulsaremos una política de estímulos
al incremento de la productividad, con compromiso
de trabajadores, gobierno y empresarios, en un clima
que respete los derechos laborales, y que permita
a los trabajadores acceder a los beneficios de los
mejoramientos de productividad.
Impulsaremos la selección de sectores estratégicos
que tengan futuro en el mercado mundial y comprometeremos
a los empresarios y los trabajadores en el apoyo
a una estrategia exportadora agresiva e intensiva
que no se limite a la exportación de productos
naturales no renovables.
Trabajaremos por reducir las diferencias excesivas
en las condiciones de vida que separa hoy a la minoría
que disfruta de todos los servicios y de las ventajas
del desarrollo, frente a la inmensa mayoría
marginada de los mismos, para eso, extenderemos
las redes de salud y educación publica, crearemos
líneas de atención a los discapacitados,
ancianos, menores en riesgo y minorías discriminadas
y aplicaremos una estrategia de rápida normalización
de los barrios subnormales.
Garantizaremos la capacidad de regulación
del Estado en la economía, para evitar los
abusos de los poderes monopólicos y trabajaremos
por mejorar la eficiencia en la acción del
Estado. Las condiciones de inequidad como efecto
del modelo económico imperante han llevado
a que once millones de colombianos no tengan empleo
estable que garantice la sobrevivencia, 60% de la
población viva en condiciones de pobreza
y con un empeoramiento cada vez mayor de las condiciones
de vida de la sociedad, llegando a niveles tales
que amenazan con la disolución del Estado
y un fraccionamiento mayor de la nación.
El POLO DEMOCRATICO propone: Control social sobre
el manejo del Presupuesto Nacional y el Banco Central
para devolver al Estado el manejo de la política
monetaria, crediticia y cambiaria, y recuperar el
control sobre el régimen de inversión
extranjera, de tal manera que favorezca al país.
Rescatar el principio de la responsabilidad en el
manejo de lo público. Cambio en la representación
política al interior de los organismos financieros
multilaterales: FMI, BID, Banco Mundial.
Integración latinoamericana, que permita
la creación de un espacio económico
más adecuado, y de un mejoramiento en la
correlación política frente a los
países desarrollados y en particular los
Estados Unidos. Hay que ver con preocupación
como los proyecto de ALCA y de dolarización
de las economías latinoamericanas nos sumirían
en procesos coloniales que se pensaba que la humanidad
ya había superado.
Renegociar la deuda pública externa, para
lograr períodos de no pago acordados, para
liberar ingresos, por condiciones de fuerza mayor
basadas en el cambio de los precios internacionales
de las materias primas exportadas, la sobreproducción
mundial, las imposiciones económicas de los
programas de ajuste y monitoreo de la banca mundial
y los organismos financieros multilaterales, el
cambio de las condiciones del crédito que
hacen injustas las condiciones iniciales pactadas
y la situación económica y social
de los países tercermundistas.
Control social sobre los fondos privados de pensiones,
salud y cesantías. Revisión del esquema
de participación privada en los servicios
públicos y suspensión de los procesos
de privatización. Revisión de las
tarifas de los servicios públicos y del precio
de los combustibles, y restablecimiento de los subsidios
para los servicios públicos domiciliarios.
Redefinición de las Comisiones Reguladoras
y los esquemas de internacionalización de
las tarifas que son las garantías, ver caso
Argentina, de la inversión extranjera entrando
sólo en consideraciones de rentabilidad.
Suspensión de cualquier acción encaminada
a debilitar las Cajas de Compensación Familiar,
el Sena y Bienestar Familiar como se pretende con
la reducción de los aportes parafiscales,
entidades que prestan servicios sociales a millones
de colombianos.
Refinanciación del sector educativo, descongelación
del situado fiscal, refinanciación del Fondo
de Prestaciones del Magisterio, derogatoria de los
convenios de desempeño impuestos por el Ministerio
de Hacienda a los departamentos y municipios, y
respeto a los derechos adquiridos de los educadores.
7.
7.
LA POLITICA DESARROLLO RURAL
El POLO DEMOCRATICO hará la reforma agraria
pero para que esta no distribuya pobreza es importante
que actúe sobre tres ejes: 1. El acceso a
los recursos productivos, 2. El acceso a los circuitos
de la producción y comercialización
y 3. La participación en la distribución
del producto social.
Se aplicará un impuesto predial que castigue
el mantenimiento de tierras ociosas y obligar así
a que éstas salgan al mercado de tierras.
Las tierras adquiridas por el narcotráfico
serán objeto de la extinción de dominio,
e irán a un Fondo de Tierras para redistribuir
al campesinado.
Se estimularán los contratos de arriendo
a mediano y largo plazo y los de asociación
con inversionistas donde el propietario aporta la
tierra. Se impulsará el fortalecimiento de
la hoy raquítica mediana propiedad como factor
de equilibrio en la estructura agraria.
Es preciso estimular el desarrollo de unidades económicas
de mayor tamaño en actividades agroindustriales
(cadena productiva) articuladas preferiblemente
a circuitos de internacionalización.
Desarrollar una política de financiamiento
para acceder a recursos oportunos, con intereses
subsidiados para los pequeños productores
y cubiertos con seguro de cosechas, extensivo también
para ellos; además de un sistema de generación
y transferencia tecnológica, mediante tecnologías
limpias que permitan sustituir al costoso y contaminante
modelo de la revolución verde.
El productor rural de alimentos contará con
una política de protección arancelaria
que frene la avalancha en la importación
de alimentos básicos.
Se estimulará la migración o retorno
de la ciudad al campo a través de una rápida
readecuación institucional. La política
de desarrollo rural se hará sobre la base
del fortalecimiento del tejido social, la organización
y la movilización del empresariado y el campesinado
rural. El desarrollo del campo no puede ser paternalista,
las gentes del campo son los sujetos de su propio
desarrollo.
8.
8.
LA DROGA
Hasta ahora, Colombia no ha tenido una política
nacional de drogas, sino que se ha limitado a imponer
de manera acrítica y automática la
política prohibicionista estadounidense,
que criminaliza por igual a la producción,
el tráfico y el consumo. Ningún país
del mundo es testigo mayor que Colombia de su estruendoso
fracaso y de sus altísimos costos humanos,
institucionales y ambientales.
En el gobierno del POLO DEMOCRATICO, se desarrollará
una Política Nacional de Drogas, responsable,
soberana y autónoma. Girará alrededor
de tres ejes diferenciados: producción, tráfico
y consumo de drogas ilícitas.
Con respecto a la producción, suspenderemos
de inmediato las fumigaciones. Impulsaremos el desarrollo
de programas alternativos concertados con las comunidades
implicadas, e implementados a través de un
proceso gradual de sustitución, sobre la
base de inversiones focalizadas que obedezcan a
un uso racional del territorio con base en su ordenamiento,
incluyendo en ella la dimensión ambiental.
Buscaremos compromisos ciertos con los grupos armados
en una solución al problema de las drogas
en nuestro territorio, sobre la base de una redefinición
del proceso de paz y con participación autónoma
de las comunidades implicadas en esa economía.
Con respecto al tráfico y procesamiento de
las drogas el gobierno del POLO DEMOCRATICO desarrollará
una política que replantee el concepto y
la práctica actual de la corresponsabilidad
internacional de este problema sobre la base de
las definiciones autónomas tanto para la
producción como para los problemas asociados
al consumo.
El POLO DEMOCRATICO asume que el narcotráfico
es un problema internacional y que por ende se requieren
acuerdos y, en general, una política de corresponsabilidad
que supere la actual distorsión que hace
recaer el peso de su solución en el eslabón
más débil de la cadena, el campesino
colombiano y andino.
En consecuencia la comunidad internacional deberá
fijarse tareas de cumplimiento de metas sobre: lavado
de dólares; contrabando de armas; contrabando
de bienes; exportación de insumos para procesar
psicoactivos; manejo adecuado del problema de los
laboratorios de drogas sintéticas; manejo
del problema de la proliferación de economías
ilegales que se mueven en gran medida con recursos
del narcotráfico en los países del
norte, asociadas a redes internacionales de prostitución,
tráfico de personas, casinos y casas de juegos
que encubren estas economías de drogas ilegales;
política de extinción de dominio sobre
los bienes adquiridos por el narcotráfico.
Y finalmente reformas institucionales referidas
al tráfico, principalmente en el sistema
Judicial y en las entidades de control a través
de la definición de funciones y organigramas
claros y consistentes.
Frente al consumo el POLO DEMOCRATICO propone manejar
el tema como un asunto de salud pública,
serán las instancias de salud y no las organizaciones
de represión las responsables del manejo
y puesta en marcha, a nivel nacional y local de
los programas asociados al control del consumo de
drogas y a la atención a sus consumidores.
Impulsaremos el desarrollo institucional y legal
del enfoque sobre descriminalización del
consumo de la dosis personal, basados en los principios
constitucionales de autonomía personal y
el libre desarrollo de la personalidad.
