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REFORMA DE LA
JUSTICIA
Una política
de Estado
Seguridad jurídica y judicial a través
de una revisión y una profunda reforma
a las normas, con miras a fortalecer y dar mayor
rigor al servicio público de justicia.
Eliminación
de las funciones judiciales de la Fiscalía
General de la Nación, garantía de
manejo eficiente de recursos económicos,
técnicos y humanos de la Rama Judicial.
Cooperación
internacional en materia jurídica en la
lucha contra la injusticia social, el narcotráfico,
el terrorismo, el tráfico de armas, la
delincuencia internacional, la piratería
y el secuestro. Creación de la jurisdicción
especializada de la propiedad intelectual para
combatir todo asomo de piratería.
Acceso a la
Justicia para Fortalecer la Convivencia Social
Acceso gratuito a la justicia a través
del desarrollo de las casas de justicia y los
mecanismos alternativos de la solución
de conflictos. Establecimiento de la jurisdicción
de paz y elección de sus jueces. Extensión
a todo el país del sistema de defensa pública,
modernización del régimen policivo
nacional mediante la expedición del nuevo
Código de convivencia ciudadana.
Capacitación
de Jueces, Fiscales y Funcionarios de la Rama
Judicial
Profesionalización y actualización
permanente como base para el control de rendimiento,
justa remuneración y alta calidad de la
sentencia.
Política
Criminal
Promoción de la reacción social
contra los delitos y acciones de contrabandistas,
falsificadores, ladrones de vehículos y
repuestos, adulteradores de medicinas y mercancías
de todo tipo, lavadores de dinero, a través
de herramientas que permitan el repudio y la denuncia.
Actuación
ejemplar contra la violencia doméstica,
lucha decidida y normas implacables contra delitos
como el narcotráfico, el secuestro, el
contrabando, la adulteración de productos,
el robo de vehículos, la piratería
terrestre, el homicidio y asalto callejero, la
corrupción, el lavado de activos y los
delitos económicos.
Eliminación
de la prescripción y caducidad para los
delitos atroces y de lesa humanidad, los que atenten
contra los derechos humanos y aquellos que causen
especial daño al patrimonio público.
Respaldo al Tribunal
Penal Internacional recientemente acordado para
investigar y castigar los delitos atroces y de
lesa humanidad.
La Política
Penitenciaria
Ejecución
de medidas para solucionar el hacinamiento, la
inconsistencia de regulaciones, así como
definición de criterios para la construcción
de cárceles y vigilancia especial para
las licitaciones. Entrenamiento y equipo especial
para los guardias.
Independencia
de la Rama Judicial
Modificación de la integración de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, reducción de la composición
y el número de magistrados permanentes
para integrar una corporación que produzca
la política judicial, incorporación
del tema de los derechos humanos tanto en la formación
de los administradores como en la práctica
judicial.
Atención
a las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder
Implementación de una legislación
que reconozca estos derechos, según lo
detallado en la Declaración de Principios
Básicos de Justicia para Víctimas
de Delitos y Abuso de Poder aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1985.
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