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La otra Colombia, donde la vida se tasa en gramos de coca

En La Paz, un caserío del departamento de Guaviare, a orillas del río Inírida, el efectivo es muy escaso; una libra de arroz o una bolsa de leche pueden ser pagadas en gramos de droga.

A sus 26 años, Lorena ha tenido más gramos de pasta de coca que efectivo en las manos. Donde vive, en un punto casi perdido de la selva colombiana, los campesinos negocian con la "moneda" que fabrican: la base de la droga que inunda Estados Unidos.

Hace siete años que esta mujer llegó a La Paz, un caserío del departamento de Guaviare, a orillas del río Inírida (sureste), tras dejar la finca donde su familia, bosque adentro, cultiva hoja de coca.

En la aldea no hay luz eléctrica, agua potable, médico ni policía. Dicen los pobladores que no se matan entre ellos gracias a la autoridad que ejerce el frente guerrillero que se apartó del acuerdo de paz con las Farc.

Los rebeldes están entre la población. ¿Desde cuándo? "Desde siempre, antes que el Estado", señalan en voz baja. El ejército patrulla oculto en la selva.

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Hace poco, Lorena abrió en su vivienda una tienda de víveres. En vez de caja registradora manipula una balanza electrónica donde pesa los gramos de alcaloide que los niños llevan en vasos desechables y los adultos en los bolsillos.

"Todo se compra y se vende igual. El efectivo es muy escaso y se guarda para emergencias", dice la mujer que prefiere no revelar su apellido.

Y no exagera: desde una libra de arroz hasta una cerveza, pasando por la compañía de una prostituta, se tasan en gramos de droga. "Esto es otra Colombia, no hay salud, ni nada, y hay niños de siete años que no conocen" el efectivo, afirma Orlando Castilla, de 64 años, dirigente social.

Zanahoria y garrote

Los 300 colonos que viven en La Paz están conectados a través del río, una carretera de tierra y dos líneas telefónicas. La sirena de un altavoz les avisa cuando entra una llamada. La lluvia transforma este caserío en un lodazal.

Todos aquí viven de lo mismo: el cultivo y procesamiento de la hoja de coca, una actividad que lejos de enriquecerlos, aseguran, apenas les da de comer, y los mantiene endeudados y bajo la mira del gobierno. 

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A quienes aceptan sustituir por sembradíos legales el Estado les garantiza ayudas económicas, pero los que se rehúsan enfrentan a los policías antidisturbios que irrumpen con los erradicadores. Fue lo que ocurrió el 20 de julio en las riberas del río Inírida. Hubo choques, gases lacrimógenos y un policía fue retenido tres días por los campesinos. 

Bajo presión de Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína en el mundo, Colombia pretende acabar este año con 100.000 hectáreas por las buenas o a la fuerza. Entre 2015 y 2016 los cultivos ilegales se dispararon en todo el país un 52% hasta sumar 146.000 hectáreas.

De La Paz y sus alrededores, una reserva natural de bosques tropicales donde se han asentado ilegalmente unos 6.000 colonos, sale la pasta de coca que, una vez transformada en cocaína, alcanza precios exorbitantes en Estados Unidos. Pero para los colonos el gramo, su moneda, nunca supera los 2.000 pesos (70 centavos de dólar).

Eslabón débil 

Raya el alba, y en la finca de Miguel 'Mangos', de 56 años, los jornaleros ya están de salida. En el "cambullón", un laboratorio rústico, descargan los bultos con la hoja de coca que recolectaron en la madrugada a mano limpia.

Miguel pica la hierba con una guadaña y prepara una mezcla de agua y cal que esparce sobre las hojas troceadas. Es apenas el comienzo del proceso para fabricar la pasta de cocaína. Por cada 1.000 dólares que invierte saca 1.200, una ganancia que aunque mínima le permite sobrevivir. 

"He cultivado plátano, maíz, yuca, pero no es rentable", expresa Miguel y echa cuentas: para sacar al mercado un bulto de plátano debe pagar un flete que le termina dando pérdidas. 

"Un kilo de coca lo lleva uno en el bolsillo", ilustra. Los campesinos cocaleros sacan fiado todo, desde las semillas de la hoja hasta la comida, y luego saldan sus deudas con "mercancía".

"Pasan meses que nunca miramos el efectivo. Cuando una persona viene a comprar (la mercancía) no le preguntamos quién es y para dónde va", expresa Diego Parra, líder comunal de 50 años. 

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Los compradores pueden desaparecer por largo tiempo, sobre todo, cuando la persecución policial arrecia. Entonces los campesinos se arriesgan a salir con los gramos de coca hacia la ciudad de San José, a casi cuatro horas en vehículo, donde la policía puede detenerlos.

Nos dicen "que somos guerrilleros o que somos narcotraficantes, viendo que somos el eslabón más bajo de esta cadena. De todo el negocio cocalero nosotros somos los más pobres", resume Cielo Rueda, de 40 años.

AFP

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