Ordenan arresto de Uribe y de otros altos cargos por desacatar fallo judicial

Una sala de conjueces ordenó el arresto del presidente Uribe, tres altos cargos del Ejecutivo y un responsable administrativo del Poder Judicial por desacato a un fallo que los obligaba a revisar el salario de funcionarios en el departamento de Sucre.

Según informaron los autores de la orden, la decisión también alcanza al ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, y al de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, así como a la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentería, y al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres.

La orden de arresto, que sólo se hará efectiva una vez que sea revisada por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, fue adoptada por una sala de conjueces del Tribunal Superior de Sincelejo, la capital de Sucre, dentro de una querella por desacato a un recurso constitucional de amparo.

El conjuez Saúl Mesa Mendoza dijo que el fallo se derivó del desacato de Uribe y los otros cuatro demandados a una decisión que los obligaba a revisar el salario de 148 funcionarios judiciales de Sucre.

Los funcionarios presentaron un recurso de tutela el pasado febrero en Sincelejo, que fue fallado a su favor mediante una sentencia que daba a los demandados tres meses de plazo para cumplir con las exigencias de los empleados.

El arresto "es una decisión que tiene que subir a consulta a la Corte Suprema de Justicia para que cobre ya finalmente su firmeza", añadió Mesa, que conformó la sala de conjueces junto a sus colegas litigantes Gustavo Adolfo Lions y Freddy de la Ossa.

El letrado dijo que el recurso previo de tutela interpuesto por los funcionarios judiciales también está para revisión de la CSJ, por cuanto fue impugnado por los afectados.

Por tratarse de una cuestión relacionada con funcionarios del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Superior de Sincelejo se declararon impedidos para gestionarla y la dejaron en manos de conjueces.

El fallo fue divulgado en coincidencia con el comienzo de un paro nacional indefinido, al que fueron convocados los cerca de 42.000 funcionarios judiciales del país.

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