Decretan Estado de Emergencia Social para afrontar ‘pirámides’

El Gobierno decretó este domingo el estado constitucional de emergencia social para enfrentar la crisis desatada por los mecanismos financieros ilegales y dictó las primeras medidas que buscan proteger a quienes depositaron dinero en las ‘pirámides’.

El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, anunció que dicho estado, que permite al Ejecutivo expedir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, rige desde la pasada medianoche y de inmediato comenzó la confiscación de dinero y bienes de empresas "que cumplían una función de recaudo no autorizada"

"La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación", expresó el ministro, quien pidió al público respaldar las medidas y tener "mucha calma".

Aseguró que los defraudados tendrán diez días para solicitar la devolución de sus fondos hasta donde sea posible.

Sin que trascendieran las decisiones, se emitieron los primeros cuatro decretos con fuerza legislativa del estado de emergencia social, que comenzó a regir la pasada medianoche.

Más tarde Valencia Cossio y los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y de Comercio, Luis Guillermo Plata; y los superintendentes de Sociedades, Hernando Ruiz, y Financiero, Roberto Borrás, explicaron las medidas en una rueda de prensa.

En desarrollo de los decretos dictados, fueron registradas de inmediato las sedes de la empresa DMG, que no era una ‘pirámide’, pero sí había logrado captar inversiones de miles de clientes en todo el país por medio del otorgamiento de tarjetas "prepago" para comprar electrodomésticos y otros productos.


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