Presentan cargos contra ministro Pretelt y Palacio

La Procuraduría presentó pliegos de cargos contra un ministro, un ex ministro y otros tres ex funcionarios por posibles faltas disciplinarias y extralimitación de funciones para que se aprobara en 2005 la reforma constitucional que facilitó un año más tarde la reelección del presidente Álvaro Uribe.

La Procuraduría presentó el resumen de faltas disciplinarias en las que pudieron incurrir el ministro de la Protección Social, Diego Palacio; el ex ministro del Interior y ahora embajador en Italia, Sabas Pretelt; y otros tres ex miembros del Gobierno.

Los pliegos de cargos se presentaron como resultado de las denuncias hechas por la ex congresista Yidis Medina, condenada el jueves a 47 meses de arresto, quien denunció que funcionarios del Gobierno del presidente Uribe le ofrecieron prebendas estatales a cambio de su voto, que salvó la reforma a la Carta Magna.

La Procuraduría General de la Nación también afectó con pliegos de cargos al ex superintendente de Notariado, José Félix Lafaurie; al ex viceministro del Interior, Hernando Angarita y al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por, al parecer, extralimitarse en sus funciones.

Según la Procuraduría, los investigados pudieron incurrir en faltas al ofrecer nombrar en puestos públicos a personas allegadas a Yidis Medina a cambio de que cambiara su voto.

Los pliegos de cargos se presentaron un día después de que la Corte suprema de Justicia, al condenar a Yidis Medina, pidiera a al Corte Constitucional revisar la reforma constitucional de 2005, por considerar que hubo "desviación de poder".

Este pronunciamiento indignó al presidente Uribe, quien a su vez pidió al Congreso una ley que convoque un refrendo que decida si se repiten los comicios de 2006.

Uribe fue más allá y acusó hoy a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de tener nexos con mafiosos.

Entretanto, el ministro de la Protección Social instauró una denuncia en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra los magistrados del tribunal supremo "por falsas imputaciones".

El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, presentó otra demanda contra los juristas por presuntos nexos con el empresario italiano Giorgio Sale, acusado de narcotráfico, y con un narcotraficante extraditado a EE.UU.