¿Por qué la Fiscalía acusó a un exviceministro por contrato de helicópteros del Ejército?

La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra seis personas, entre ellas el exviceministro de Defensa, que estarían involucradas en presuntas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

La investigación está relacionada con el contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, firmado entre el Ministerio de Defensa y una empresa estadounidense. El acuerdo tenía un valor de 32 millones de dólares y contemplaba el mantenimiento y suministro de repuestos para los helicópteros rusos MI-17 utilizados por el Ejército.

Según la Fiscalía, “se conoció que el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie se habrían concertado con el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, para que la compañía extranjera se quedara con el contrato sin tener la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades encomendadas”.

En el proceso también aparecen señalados Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general; Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, quien era comandante de la Brigada de Aviación N.º 32 del Ejército Nacional.

La Fiscalía sostiene que los entonces funcionarios habrían intervenido en diferentes etapas del proceso de contratación para favorecer a la empresa.

Cambios en los requisitos y forma de pago

El ente investigador sostiene que los funcionarios no habrían realizado una convocatoria abierta y, en cambio, recurrieron a una contratación directa. Además, presuntamente se cambiaron algunos requisitos para facilitar la participación de la empresa y se ampliaron los plazos para presentar las cotizaciones.

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue la modificación de la forma de pago. Con el cambio, se habría establecido un primer desembolso de 16 millones de dólares, equivalente a la mitad del valor total del contrato, con el primer corte de ejecución.

Por estos hechos, "un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó el escrito de acusación contra los seis procesados, de acuerdo con su posible rol y grado de intervención, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal", detalló la Fiscalía.