Freno a los encapuchados: proponen duras sanciones por cubrirse el rostro en protestas

La iniciativa del Centro Democrático busca modificar el Código Penal para castigar con mayor severidad los actos vandálicos de encapuchados cometidos durante manifestaciones cuando los responsables oculten su identidad.

El Congreso recibió un proyecto de ley que plantea endurecer las sanciones para quienes cometan actos vandálicos durante protestas mientras utilizan capuchas, máscaras, pasamontañas, pañuelos u otros elementos para ocultar su identidad. La propuesta fue presentada por los representantes Jaime Arizabaleta y Julio César Triana, del Centro Democrático.

La iniciativa busca crear un tipo penal específico para los casos en los que una persona aproveche el ocultamiento de su rostro para cometer delitos durante las protestas, movilización o concentración pública.

Las penas podrían llegar hasta ocho años de prisión

El proyecto establece penas de entre 54 y 96 meses de cárcel, es decir, de cuatro a ocho años, además de multas que podrían estar entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los autores de la propuesta argumentan que algunas conductas violentas ocurridas durante las protestas terminan con medidas que permiten a los detenidos recuperar rápidamente su libertad. Por ello, plantean aumentar las consecuencias penales para encapuchados con el propósito de cometer actos ilegales.

El articulado también contempla circunstancias que podrían aumentar la sanción. Entre ellas están el uso de artefactos peligrosos fabricados de manera artesanal, explosivos, sustancias corrosivas u otros elementos capaces de causar daños a personas o bienes públicos y privados.

La iniciativa incluye modificaciones relacionadas con los bloqueos realizados mediante medios ilícitos. En estos casos, también se plantean penas de prisión de entre cuatro y ocho años para quienes inciten, dirijan, constriñan o entreguen recursos destinados a obstaculizar vías o infraestructura de transporte.

Según los congresistas, estas conductas pueden afectar la prestación de servicios públicos, la atención de emergencias y la movilidad de los ciudadanos.

No buscan prohibir la protesta

Uno de los principales puntos de discusión será determinar cómo se aplicaría la norma frente al derecho constitucional a la protesta.

Los promotores aseguran que los encapuchados no sería suficiente para configurar el delito. La sanción aplicaría cuando el ocultamiento de la identidad esté acompañado de la comisión de un acto vandálico o una conducta ilegal.

De esta manera, quienes participen pacíficamente en una manifestación no quedarían cobijados por la medida únicamente por utilizar algún elemento para cubrir su rostro.

La propuesta deberá continuar ahora su trámite en el Congreso, donde tendrá que ser debatida antes de definir si se convierte en una nueva herramienta del Código Penal para enfrentar los hechos violentos registrados durante las movilizaciones.