Fiscalía le cierra la puerta al Congreso en caso de Álvaro Uribe: mantendrá investigación contra el expresidente

La Fiscalía General de la Nación y el expresidente Álvaro Uribe enfrentan un nuevo pulso, liego de que la entidad decidiera mantener la investigación contra el exmandatario por su presunta responsabilidad en la creación de grupos paramilitares en Antioquia, y las masacres de El Aro y La Granja, negando la solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Por medio de un oficio de seis páginas, la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía Cubillos, respondió a la petición de la Comisión de Investigación y Acusación de trasladar la investigación, argumentando que los hechos objeto de indagación no estarían relacionados con las actuaciones de Uribe como presidente de la República.

“Para el caso concreto, no resulta factible jurídicamente que la Comisión de Investigación y Acusación asuma la competencia, en razón de que los sucesos por los que se inició la investigación en contra del doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ no tuvieron ocurrencia durante su mandato presidencial”, se lee en el oficio.

En el documento, la Fiscalía detalla que Uribe fungió como Presidente entre 2002 y 2010, sin embargo, los hechos por lo que es investigado se remontan a la época en que fue gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997. Por esa razón, el ente acusador considera que no corresponde trasladar el expediente al Congreso.

Álvaro Uribe y el fuero presidencial

La Comisión de Acusación de la Cámara había solicitado que la Fiscalía remitiera el expediente para estudiar el caso desde esa instancia, argumentando de que el delito de concierto para delinquir agravado tendría carácter permanente y que las actividades del denominado Bloque Metro se habrían extendido hasta 2003, cuando Uribe Vélez ya era presidente de la República.

Sin embargo, la fiscal del caso sostuvo que está jurídicamente habilitada para continuar conociendo el proceso contra el exmandatario. La funcionaria fundamentó su posición en las reglas de competencia establecidas para las investigaciones relacionadas con funcionarios que tienen o tuvieron fuero constitucional. 

Con la decisión de la Fiscalía, el expediente permanecerá bajo la dirección del ente investigador, mientras continúa el análisis de los hechos y de los elementos recopilados durante la investigación. La próxima indagatoria presencial del exmandatario quedó programada para el 4 de septiembre tras un nuevo aplazamiento.