La técnica del "carrusel"

Polémica generó la investigación iniciada por la Procuraduría a 48 concejales, por asistir de forma simultánea en sesiones de diferentes comisiones del Concejo de Bogotá. Colombia.com habló con Carlos Alberto Baena, concejal que hizo la denuncia ante la Procuraduría Distrital. La técnica denominada “carrusel” generó cobros indebidos por mil millones de pesos, y aunque las indagaciones de la Procuraduría se iniciaron un año atrás, sólo esta semana se conocieron, lo que provocó particulares reclamos que conllevaron sanciones.

“El reglamento del Concejo establece que no se puede convocar a dos comisiones a la misma hora. Yo encontré que el año pasado empezaron a hacer eso. Al ver que se violaba el reglamento y después de haber hecho la advertencia a mis colegas, me vi en la necesidad de consultar este asunto ante la Procuraduría Distrital”, aseguró el concejal quien hizo las respectivas denuncias.

Según Baena, las irregularidades se ven desde el punto de vista legal y ético. En primera instancia, al convocar sesiones a la misma hora viola el artículo 34 inciso 2 del reglamento interno del Concejo. “Cabe aclarar que está prohibido la convocatoria más no el derecho a sesionar”.

Ante las presuntas anomalías, y después de las denuncias hechas a la Procuraduría Distrital, se iniciaron las indagaciones teniendo en cuenta las actas de cada una de las sesiones y las listas de asistencia, en donde se encontraron los suficientes méritos para abrir una investigación disciplinaria en contra de 48 personas, entre concejales y suplentes. Se encuentran también tres que ya no pertenecen a dicho cabildo.

Las acusaciones de Carlos Alberto Baena radican en el comportamiento disciplinario y ético de sus colegas, quienes según él, incurren en el denominado “carrusel”, que consiste en estar en una sesión para el llamado a lista “salirse por la puerta de atrás y entrar a otra a decir ‘presente’”, comentó el dirigente político.

Por cada sesión en donde el concejal aparezca en lista, recibe casi 600 mil pesos y solamente pueden cobrar 20 sesiones por mes. “No acompañan a totalidad de la sesión, no están atentos a los temas, al final de cada sesión no hay quórum y así el trabajo no rinde. Esto éticamente es reprochable”, aseguró.

El llamado a lista es el único control que tienen los concejales en cuanto a su asistencia a cada una de las sesiones, por esta razón, las 20 asistencias son realizadas en menos de un mes. “Después del 15 de cada mes es difícil hacer quórum, porque como ya completaron las asistencias, no van”, puntualizó Baena.

Entre la lista de los miembros del cabildo Distrital que la Procuraduría investiga, se encuentra el mismo Carlos Alberto Baena. “Cuando empezaba la Comisión de Gobierno (a la que yo pertenecía), estaba hasta que finalizara. Por ejemplo, si empezaba a las nueve y terminaba a la una, me iba para la otra que también había empezado a las nueve, pero dejaba constancia que había llegado tarde y renuncié a los honorarios”, manifestó Baena.

Cada miembro recibe honorarios mensuales por once millones de pesos, 14 más por asesores, además del vehículo oficial. Para un aproximado de 25 millones de pesos.

Según el miembro del cabildo, las sesiones duran en promedio dos ó tres horas, pero hay algunas que consisten en aprobar actas y no superan los 20 minutos.

La polémica

Al darse a conocer la investigación de la Procuraduría, los miembros del Concejo calificaron la situación como un ataque político.

Uno de ellos, Leo César Diago en una protesta muy particular decidió bajarse los pantalones en pleno recinto. Esta actitud fue castigada por el presidente del Consejo, Samuel Arrieta, quien le impuso a Diago una sanción de cuatro sesiones sin poder hablar ni participar.

“Estoy de acuerdo con la sanción, pero estas deberían ser revisadas para que tengan mayor relevancia. El Concejo de Bogotá debe mejorar”, agregó.