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Mientras las FARC callan el país se polariza frente al despeje. VIDEO AQUÍ
Nacional - Sábado, 07 / Jul / 2007

Esto viene ocasionando un fenómeno de polarización nacional.
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Los colombianos se dividen en dos bandos: el primero que defiende el despeje militar por 45 días de los municipios de Pradera y Florida en el Valle, como la única alternativa para amarrar a las Farc al intercambio humanitario. Y por otro lado está la posición de aquellos que promueven el canje pero sin ninguna más concesión para con los alzados en armas.
Cuarenta y ocho horas después de las multitudinarias marchas que en su país y en otros muchos protagonizaron los colombianos, las FARC no habían dado señal alguna de haber escuchado la exigencia de sus compatriotas.
Más de 3.000 personas están secuestradas en Colombia, de las cuales más de 700 están en manos de las FARC, según organizaciones no gubernamentales como País Libre.
En la página web de la organización armada ilegal, lo más reciente es un editorial del 21 de junio acerca de un canje humanitario para intercambiar rehenes por guerrilleros presos.
Las FARC han insistido reiteradamente sobre la necesidad de un "despeje" o desmilitarización de territorio para llegar a acuerdos y el Gobierno de Álvaro Uribe se ha opuesto también de manera reiterada.
Uribe vs Pastrana, Ralito vs Cagúan
La última apuesta a favor del "despeje" como medio de facilitar un acuerdo humanitario proviene del ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y ha obtenido también un "no" como respuesta.
Pastrana ha alegado que la zona en la que se desmovilizaron la organizaciones de paramilitares de extrema derecha a instancias del Gobierno actual había sido de despeje.
A ello el Gobierno contestó que se trató de una "zona de ubicación temporal de paramilitares en proceso de desmovilización, una zona a la que entró la Fuerza Pública tantas veces como se requirió y una zona de tránsito hacia la cárcel".
Un comunicado oficial aseveró que "una nueva zona de despeje sería la nueva versión del Caguán convertido en estímulo al crecimiento guerrillero y paramilitar", según el Gobierno.
El municipio de el Caguán, junto con otros del suroeste de Colombia, con una extensión de cerca de 39.000 kilómetros cuadrados, fueron desmilitarizados en noviembre de 1998 por el gobierno de Pastrana para un proceso de paz con las FARC que se mantuvo hasta febrero de 2002 y finalmente fracasó.
Para Uribe, el Caguán se convirtió entonces en "una zona de tránsito hacia la casi toma del poder por parte de la guerrilla terrorista".
El también ex presidente Ernesto Samper (1994-1998) defendió hoy en declaraciones a la emisora RCN la necesidad de buscar un acuerdo humanitario y pidió que el Gobierno y las FARC se sienten a dialogar para hacer posible el regreso de los secuestrados a sus hogares
Familiares de los políticos asesinados se dirigieron hoy al presidente Uribe y a su ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, oriundo del Valle del Cauca, para manifestar que el acuerdo humanitario es el único camino posible para que los secuestrados recuperen la libertad.
Diego Quintero, hermano del ex diputado Alberto Quintero, uno de los asesinados, dijo que tanto el Gobierno como las FARC deben deponer la soberbia y preservar la vida y buscar la libertad de los secuestrados.
Para la viuda del diputado Nacianceno Orozco, también asesinado, Ruby Jaramillo, sin el acuerdo humanitario es casi imposible que los secuestrados regresen de nuevo a sus hogares.
La clara señal dada este jueves por los colombianos en las calles de que están saturados de décadas de violencia podría marcar el quiebre de una actitud hasta ahora indolente o indiferente, según algunos analistas.
En su editorial de este viernes el diario "El Colombiano", de Medellín, señaló que la marcha "no es la primera ni puede ser la última".
"El Tiempo", el rotativo de mayor circulación en el país, sostuvo que "tan multitudinaria protesta contra el secuestro -y contra las FARC- demuestra, así sea de modo confuso y a veces contradictorio" que lo que "ahora se exige, además de la liberación incondicional de todos los secuestrados y la entrega de cadáveres, es un acuerdo para poner fin al secuestro en forma definitiva".
Con información de EFE
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