El pacto entre políticos y paramilitares prometía una "nueva Colombia"

Un pacto firmado en el 2001 entre 32 políticos y los jefes de los grupos paramilitares de ultraderecha, acusados de numerosos crímenes de lesa humanidad, prometía "refundar la patria y establecer un nuevo contrato social".

De acuerdo con partes del documento, los políticos se reunieron el 23 de julio del 2001 con los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Santa Fe de Ralito, una aldea del departamento caribeño de Córdoba.

En ese lugar se concentraron los jefes paramilitares durante las conversaciones de paz celebradas entre el 2003 y el 2006, en las que las AUC desmovilizaron a más de 31.000 combatientes de esos comandos creados hace más de veinte años para combatir a las guerrillas y que degeneraron en escuadrones de la muerte.

El documento, que las AUC clasificaron como "confidencial y secreto", fue revelado a finales del año pasado por el senador Miguel de la Espriella.

El texto lleva las firmas de los 32 políticos que participaron en una reunión, entre ellos cuatro senadores, siete miembros de la Cámara de Representantes, dos gobernadores y cinco alcaldes.

El pacto, de cinco párrafos, promete "construir una Nueva Colombia" y "un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad y tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad".

Añade que la Constitución "confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social".

En la cita participaron varios de los jefes paramilitares que hoy están detenidos tras entregar las armas, entre ellos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", y los conocidos como "Don Berna".

El jueves la Fiscalía colombiana entregó a la Corte Suprema de Justicia el texto del pacto suscrito en el 2001, que a la vez había sido entregado por Mancuso, quien en diciembre pasado comenzó a declarar ante un fiscal de Medellín y la semana pasada reanudó su comparecencia.

La posibilidad de que los paramilitares hagan más revelaciones suscitó temor entre numerosos políticos colombianos.

En noviembre del año pasado se desató un escándalo en el país luego de que fueran detenidos tres congresistas acusados de tener vínculos con facciones de las AUC que perpetraron matanzas de campesinos.

Con todo, varios analistas consideraron que lo afirmado en el pacto es una especie de declaración de principios y no constituye conducta delictiva alguna, excepto que los paramilitares firmantes están acusados de ordenar centenares de crímenes atroces.

Con información de EFE


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