Fiscalía solicita que se investigue a los políticos que firmaron acuerdo con los paramilitares

La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue a los once congresistas y siete autoridades departamentales o locales que en 2001 firmaron un acuerdo político con la organización paramilitar AUC.

La solicitud fue formalizada en Bogotá por la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, nueva dependencia creada en la Fiscalía General para procesar a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La entidad judicial explicó en un comunicado público que la petición también alcanza a la Dirección Nacional de Fiscalías, que debe investigar a las otras catorce personas que también firmaron el documento.

El acuerdo fue suscrito el 23 de julio de 2001 en Santa Fe de Ralito, aldea del noroeste colombiano en la que una decena de jefes de las AUC y 32 políticos celebraron una reunión, convocada por la organización ultraderechista para avanzar en un proyecto de naturaleza política que comprendía "refundar la patria" y "firmar un nuevo contrato social".

El texto del documento fue entregado la semana pasada a la Fiscalía en Medellín por Salvatore Mancuso, antiguo jefe máximo de las AUC y quien comparece en las diligencias de indagatoria previstas dentro de la llamada Ley de Justicia y Paz, gestionada por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe para el proceso de desarme de esa organización, que desarticuló a más de 31.000 paramilitares.

"La Fiscalía solicita que se investigue a los once parlamentarios, dos gobernadores y cinco alcaldes que firmaron el denominado Pacto Secreto de Ralito (...) para determinar la posible comisión de un delito", precisó la entidad en su petición a la CSJ.

Asimismo, indicó que "las personas que actualmente no gozan de fuero serán investigadas por la Dirección Nacional de Fiscalías".

La fuente no facilitó las identidades de los políticos alcanzados por su solicitud, pero entre ellos están los senadores William Montes, Juan Manuel López, Reginaldo Montes, Miguel de la Espriella y Rodrigo Burgos, junto a los representantes a la Cámara José de los Santos Negrete y Alfonso Campo.

La Fiscalía General informó de su solicitud cuatro días después de que enviara a la CSJ una copia del acuerdo firmado, que las AUC mantuvieron como "confidencial y secreto".

El caso está en manos de la Sala Penal del alto tribunal, que el próximo miércoles se reunirá para decidir si abre una investigación previa contra los congresistas, gobernadores y alcaldes, o emprende una causa formal, mediante la convocatoria inmediata de ellos a diligencias de indagatoria.

Con información de EFE


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