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Mancuso dijo que nadie pudo hacer política sin "visto bueno" de las AUC
Política - Viernes, 16 / Mar / 2007

"No hay nadie que haya pertenecido al poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, que haya ostentado su investidura dentro de esa región, que no haya tenido, en determinado momento, que cruzarse o 'engranar' (seguir) el camino con nosotros", sostuvo Mancuso, según una versión de un informativo de la televisión.
Mancuso fue citado hace dos semanas por la Sala Penal del alto tribunal para que ofreciera detalles de un escandaloso acuerdo firmado a mediados de 2001 por una decena de mandos de las AUC y una treintena de funcionarios, congresistas y autoridades locales.
El consenso, conocido como "Acuerdo de Ralito", comprometió a todos ellos con la "refundación" del país y la "firma de un nuevo contrato social".
La divulgación del documento desató el llamado escándalo de la "parapolítica", que es investigado por la CSJ y la Fiscalía General, la primera de las cuales ha detenido a ocho congresistas, incluido el senador Álvaro Araújo Castro, cuya implicación obligó a su hermana María Consuelo a renunciar al cargo de ministra de Relaciones Exteriores.
La Fiscalía, por su parte, ha enviado a prisión a Jorge Noguera, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal) y al gobernador del departamento del Magdalena, Trino Luna.
También pidió la detención de Álvaro Araújo Noguera, padre de los Araújo, e investiga al gobernador del Cesar, Hernando Molina Noguera, pariente de esta misma familia.
Los implicados pertenecen a formaciones afines al presidente Álvaro Uribe.
Según la versión divulgada por "CM&", Mancuso dijo que "todos los que hicieron política en esas regiones (las de la costa norte) tuvieron el visto bueno de las autodefensas".
"Si no tenían el visto bueno de las autodefensas, de hecho era imposible que pudiesen ejercer una actividad política en esas regiones", agregó el ex jefe paramilitar.
Mancuso está detenido en una cárcel de seguridad cercana a la ciudad de Medellín y se desmovilizó en diciembre de 2004 en virtud del diálogo de paz del gobierno del presidente Uribe con las AUC, emprendido a finales de 2002 y que terminó a mediados de 2006.
Más de 31.000 ultraderechistas dejaron las armas dentro de este proceso, que desde finales del año pasado entró en la fase judicial, con la aplicación de una polémica normativa de justicia y paz.
Con información de EFE
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