Pedro Castillo revierte el toque de queda tras ataques a la sede del Poder Judicial

El presidente peruano, Pedro Castillo, revirtió el toque de queda que había decretado en Lima y Callao tras una jornada de manifestaciones que derivó en ataques a la sede del Poder Judicial y en las críticas de buena parte de los políticos de ese país. 

De hecho, Castillo recibió reproches por parte de varios de sus más estrechos aliados después de las fuertes protestas que se presentaron en las calles de la capital. En ese sentido, tomó la decisión de revertir la medida restrictiva. 

De acuerdo con la patronal, el toque de queda afectó por más quince horas a unos 11 millones de peruanos y causó una pérdida económica estimada de 270 millones de dólares, razón que llevó a miles de ciudadanos de pasar del desconcierto a la indignación. 

La jornada de protestas sociales que derivó en fuertes disturbios y enfrentamientos con la policía y que se prolongó hasta bien altas horas de la noche, tuvo eco en las redes sociales y en las calles del centro histórico de Lima, en dónde también pidieron la renuncia de Castillo. 

La mayor preocupación se centró cuando un tropel intentó llegar a las puertas del Parlamento, donde el mandatario se reunió con legisladores y anunció que dejaba sin efecto el toque de queda. Sin embargo, estas personas no lograron su cometido y todo quedó en intenciones. 

Pese a la retractación de Castillo, el alboroto en las inmediaciones del Palacio del Legislativo continuó de manera prolongada. Poco después del anuncio del presidente peruano, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, recorrió el reciento resguardado por su esquema de seguridad. 

Cabe recordar que el cuestionado toque de queda en Lima y Callao entró en vigor este martes, al igual que la declaración de estado de emergencia, en respuesta a un paro de transportistas que comenzó hace poco más de una semana.

Según el ministro de Justicia, Félix Chero, la medida que se aplicó en estas dos provincias, que prácticamente no se vieron afectadas por la huelga, respondió a la necesidad de "dar respuestas urgentes y extraordinarias" ante los informes que alegaban una “serie de actos vandálicos” en Lima.

No obstante, los ciudadanos consideraron la decisión del Gobierno como "inconstitucional" y desató las críticas, no solo de los opositores políticos de Castillo, sino también de algunos allegados como la líder progresista Verónika Mendoza, quien tachó esto como "arbitrario”.