Alcaldía de Bogotá denunciará a comunidad Embera por retener a un motociclista

Lo que comenzó como un accidente de tránsito en las inmediaciones de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida en Bogotá, terminó en un grave incidente de orden público. La administración de Carlos Fernando Galán anunció que interpondrá denuncias penales tras la retención ilegal de un motociclista por parte de la comunidad Embera Katío.

De acuerdo con la Administración Distrital, en la noche del pasado miércoles 25 de marzo, se presentó un accidente vial en el predio de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, donde se vieron involucrados integrantes de la comunidad Embera Katío y un motociclista que transitaba por la zona.

Tras el incidente, la comunidad retuvo al conductor durante varias horas y le solicitó una suma de dinero a cambio de su liberación. Además, el vehículo permaneció retenido hasta el momento.

Intervención de autoridades y mediación

Aunque la mediación de equipos distritales, la Policía de Funza y la Defensoría del Pueblo logró la liberación del hombre, la tensión no ha cedido. Desde la tarde de ayer, la comunidad ha impedido el ingreso de los funcionarios del Distrito al predio.

“Los equipos distritales que hacen presencia permanente en estas instalaciones buscaron mediar la situación, abogando por una salida dialogada y pacífica que cuidara la integridad de todas y todos los involucrados. Adicionalmente, hizo presencia la Policía de Funza y se comunicó la situación tanto a la Alcaldía Municipal correspondiente como a la Defensoría del Pueblo, con el fin de mediar el hecho entre la comunidad y la persona retenida”, detalló el Distrito.

La Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, rechazó los hechos y recordó que este tipo de acciones ponen en riesgo no solo a los adultos involucrados, sino también a los niños y niñas Emberá que viven en La Florida, quienes representan cerca de la mitad de la población del lugar.

El Distrito hizo un llamado a la comunidad Embera Katío a respetar la ley y la convivencia dentro del predio, que es administrado por el IDIPRON y se rige por la jurisdicción ordinaria, no por la indígena.

El Distrito también expresó su preocupación por la seguridad de los niños y niñas que viven en el lugar, quienes representan la mitad de la población del asentamiento y quedaron expuestos durante los disturbios.

Finalmente, Bogotá reiteró la urgencia de que el Gobierno Nacional cumpla con los procesos de retorno de estas familias a sus territorios de origen.