Corte Constitucional afirma que las migrantes embarazadas tienen derecho a estabilidad laboral

El gobierno nacional deberá ahora tener en cuenta un nuevo elemento dentro de sus políticas migratorias porque la Corte Constitucional determinó que la estabilidad reforzada de una mujer embarazada y los derechos a la seguridad social también cobijan a las migrantes, así estas se encuentren en condición irregular.

Este hecho se suscito debido a que en el año 2018 una mujer venezolana trabajaba en el país como vendedora informal en un negocio de empanadas, para el 2019 le avisó a su empleador que se encontraba embarazada y luego este le comunicó que prescindía de sus servicios.

La joven instauró una acción de tutela porque el empleador se había comprometido a tenerla trabajando eventualmente en su local para regularizar situación, pero esto no ocurrió, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional indicó que a la mujer le fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada.

El ente acreditó la existencia de una relación laboral sin garantías de los términos exigidos por la Constitución Política y tratado internacionales, además, la mujer estaba protegida por el fuero de maternidad al momento de la finalización de la relación laboral.

La Corte Constitucional señaló que ante la ausencia de normatividad que permitiera a los ciudadanos extranjeros en condición irregular acceder al empleo en condiciones de aseguramiento, la situación de la accionante se materializó.

La corporación de justicia encontró que la situación de la vulnerabilidad de la joven se acentuó debido a que era migrante en condición de irregularidad, a que se encontraba en embarazo, a que era migrante en condición irregular y que ni ella ni su bebé tuvieron atención básica durante la maternidad, y que además tenía a su cargo a otros dos menores de edad.

La corte añadió que “A pesar de lo anterior, la accionante no recibió ningún tipo de protección por parte del estado, lo cual, lamentablemente, perpetuó una situación de discriminación y desigualdad ante la intersección de múltiples factores sobre una persona que pertenece a uno de los sectores más vulnerables de la población.

Ahora el organismo hace un llamado al gobierno nacional para que tenga en cuenta este hecho y con base en él, oriente la política migratoria con los respectivos ajustes e implicaciones.