Duro golpe para Petro: El Consejo de Estado tumba su plan y reactiva capturas contra peligrosos capos

La decisión del Consejo de Estado cambió de golpe el panorama para varios de los principales cabecillas criminales del país. El alto tribunal dejó sin efecto la suspensión de sus órdenes de captura, un beneficio que se había otorgado en medio de los acercamientos del gobierno de Gustavo Petro con estructuras ilegales.

Con esta determinación, siete hombres que permanecían en libertad vuelven a estar en la mira de las autoridades. Se trata de figuras con amplio historial delictivo y presencia en zonas estratégicas como Medellín, el Valle de Aburrá, así como en Bogotá y Soacha. La medida representa un revés para la estrategia de paz impulsada por Petro, que buscaba abrir canales de diálogo con este tipo de organizaciones.

Entre los nombres que vuelven al radar está alias Albert, relacionado con la banda Pachelly y señalado durante años como un actor clave dentro de redes criminales. También aparece alias Mundo Malo, con antecedentes que incluyen desplazamientos forzados, extorsión y control territorial en barrios del nororiente de Medellín.

La lista incluye además a alias Naranjo, vinculado a la estructura Los Triana; alias Clemente, considerado uno de los hombres fuertes de La Oficina; alias el Abogado y alias Perica, ambos con procesos por delitos graves y alias el Montañero, señalado como cabecilla de El Mesa y con influencia en varias regiones del país.

El Consejo de Estado de Colombia tomó la decisión tras revisar una demanda que cuestionaba la legalidad de suspender las órdenes de captura sin un análisis individual de cada caso. Según el tribunal, la medida no podía aplicarse de manera general y debía cumplir requisitos estrictos, lo que no ocurrió en este proceso.

Desde las autoridades regionales hubo respaldo inmediato al fallo. Voces desde Antioquia insistieron en que la presencia de estos cabecillas en libertad representaba un riesgo alto para la seguridad, especialmente por su capacidad de mantener control sobre economías ilegales y territorios.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la política de paz total promovida por el Presidente Gustavo Petro, especialmente en lo relacionado con los llamados diálogos urbanos. Mientras se define una decisión de fondo, la Fuerza Pública queda habilitada para retomar la búsqueda de estos hombres, en un escenario que mezcla tensiones judiciales, seguridad y debate político en pleno desarrollo.