Gobierno Petro ejecutó contratación directa por billones y desata debate por su legalidad

El modelo de contratación directa impulsado durante el Gobierno Petro volvió al centro del debate público tras revelarse que más de $31 billones fueron comprometidos mediante acuerdos con organizaciones comunitarias, pese a que la figura jurídica que lo permitió fue posteriormente declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.

La información se conoció a través de una respuesta oficial de Colombia Compra Eficiente a un derecho de petición, en la que se detalla que, en lo corrido de esta administración, se firmaron 80.736 contratos con juntas de acción comunal, asociaciones comunales, cabildos, resguardos indígenas y consejos comunitarios.

Este esquema se sustentaba en las denominadas Asociaciones Público Populares, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo de 2023. A través de esta figura, las entidades del Estado podían contratar de manera directa con actores de la economía popular para ejecutar obras y servicios, sin necesidad de acudir a procesos tradicionales de licitación.

Sin embargo, la Corte Constitucional concluyó que el Gobierno excedió sus competencias al habilitar este mecanismo sin una regulación clara. Según el alto tribunal, la medida desconocía principios relacionados con la contratación pública, como la reserva de ley y los límites a la potestad reglamentaria.

Las cifras evidencian el alcance de este modelo. Más de $25 billones fueron destinados a asociaciones comunales en más de 55.000 contratos. A esto se suman más de $2 billones en acuerdos con consejos comunitarios, más de $1 billón con resguardos indígenas y cientos de miles de millones en contratos con cabildos y otras organizaciones.

A pesar de la magnitud de los recursos comprometidos por el Gobierno, los niveles de ejecución presentan rezagos. Solo una parte de los contratos aparece como finalizada, mientras la mayoría se mantiene en etapas como “celebrado”, “modificado” o en ejecución. En algunos casos, el número de proyectos concluidos es significativamente bajo frente al total contratado.

Los resultados en terreno también han sido objeto de observaciones. Informes de la Contraloría advierten retrasos en programas que se desarrollaron bajo este modelo, como el de construcción de vías rurales, donde el avance frente a las metas planteadas es limitado.

Desde el sector de infraestructura, se han planteado críticas relacionadas con la capacidad técnica de las organizaciones encargadas de ejecutar los proyectos. Según estos cuestionamientos, la asignación directa de contratos podría afectar la calidad de las obras y limitar la participación de empresas especializadas.

Por su parte, desde el ámbito institucional también hubo posturas a favor antes del fallo. La Procuraduría consideró que flexibilizar la contratación podía ser una herramienta válida para fortalecer la economía popular, siempre que se aplicara bajo reglas claras.

Aunque la figura fue retirada del ordenamiento jurídico, los contratos firmados continúan vigentes. El debate ahora se centra en el avance de las obras, el destino de los recursos y los mecanismos de control sobre su ejecución, en medio de cuestionamientos sobre transparencia y competencia en la contratación pública.