Labores de desminado no se pueden realizar porque grupos armados no lo permiten

Uno de los más grandes y aberrantes males que ha producido el reciente conflicto armado en Colombia tiene que ver con las minas antipersona y a pesar de que se han hecho esfuerzos por lograr el desminado de extensas zonas en el país, existen muchas que infortunadamente no se pueden intervenir porque la presencia y la negativa de grupos armados no hace posible la imperante misión.

De acuerdo con el último informe de la Misión de Apoyo a la Paz, en los departamentos del Cauca y Caquetá se han expulsado a las comisiones civiles de desminado y son cinco los grupos de esta característica quienes se encargan de realizar esta misión a lo largo y ancho del territorio colombiano.

Algunos de estos grupos civiles han tenido que interrumpir su trabajo de desminado, es el caso de la situación en Buenos Aires en el Cauca, allí el grupo de trabajo contó con el permiso de las comunidades indígenas del Naya, pero grupos disidentes de las antiguas FARC, los obligaron no solo a parar su tarea sino a abandonar la región, so pena de ser asesinados.

En el departamento del Caquetá, concretamente en los municipios de San Vicente del Caguán y Milán, otros grupos civiles de desminado también tuvieron que salir para no volver debido a las amenazas de los hombres armados ilegales.

La interrupción del trabajo de desminado en el país ha sido denunciada por Colombia ante la Organización de Estados Americanos y se encuentra registrada en su informe sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, actualmente antiguas zonas de asentamiento guerrillero como el departamento del Caquetá presentan graves problemas de orden público debido a que grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hacen presencia masiva y controlan las actividades del narcotráfico en la región, forzando desplazamientos y protagonizando constantemente hechos violentos.

La situación en el Cauca no es diferente, los grupos armados ilegales controlan el territorio ante la ausencia estatal y pretenden a sangre y fuego hacer a un lado a quienes son contrarios a sus intenciones, la comunidad indígena denuncia atropellos y asesinatos constantes de grupos residuales, disidencias de las Farc, Clan del golfo y hasta carteles de la droga mexicanos.

Se espera que con este informe, el gobierno nacional brinde garantías a quienes realizan la labor de desminado, una tarea absolutamente necesaria para evitar más muerte y dolor en la población civil que siempre es la que pone las víctimas.