Paro Nacional en Colombia: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría afirman que los bloqueos son un delito

En un comunicado conjunto la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación determinaron la ilegalidad de los bloqueos a pesar de que la protesta social pacífica sea considerada como un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política de Colombia.

Para estos organismos de control del estado, los bloqueos no constituyen una expresión de la protesta porque violan los derechos y producen daños irreparables a la población.

En el documento se afirma que “Los bloqueos y obstrucciones en vía pública, cuando están acompañados de la utilización de medios ilícitos, son un delito y atentan contra los Derechos Humanos de toda la población colombiana; por lo tanto, los perpetradores e instigadores de estos pueden estar incursos en responsabilidad penal.

Esta comunicación informa que los funcionarios públicos que hagan parte de bloqueos podrán ser objeto de sanciones disciplinarias y fiscales, también manifiesta que las entidades de controlo realizan constante monitoreo de las marchas y manifestaciones para garantizar los derechos de toda la población.

“Somos garantes y protectores de los Derechos Humanos de toda la población, por ende, en el marco de nuestras competencias, seguiremos trabajando en el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal de lo acontecido durante las manifestaciones en Colombia”, dice otro aparte del comunicado oficial de los entes.

La polémica por conocer si los bloqueos eran o no ilegales o si hacían parte de la legítima expresión de la protesta se pusieron en el tapete desde el mismo momento de su aparición en los primeros días del paro nacional iniciado el 28 de abril, las autoridades han intervenido en varios de ellos afirmando que son instigados por grupos delincuenciales, pero las afectaciones a la movilidad, el trabajo y la economía de población han sido evidentes.

El Gobierno Nacional quiere que se levanten los bloqueos y esto se la ha manifestado al Comité Central del Paro, por ahora los organismos de control coinciden en que constituyen un delito y claman por una concertación que ponga fin a la crisis por la que traviesa el país.