Gobierno Petro da luz verde a traslado de grupos armados hacia Zonas de Ubicación Temporal

El Gobierno de Gustavo Petro anunció que avanzará de manera rápida en el traslado de integrantes de grupos armados ilegales hacia cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que no suspenderá las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo.

La decisión se conoció tras una reunión entre el presidente Petro, el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, y varios delegados del Gobierno encargados de los procesos de paz.

En un comunicado, la Consejería Comisionada de Paz señaló que el manejo de la política de paz y del orden público corresponde exclusivamente al presidente de la República, es decir a Petro, de acuerdo con la Constitución y la Ley 2272 de 2022.

“En desarrollo de dichas competencias constitucionales y legales, el Presidente de la República autorizó avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco (5) Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados”, detalló la Consejería.

En ese sentido, el Gobierno explicó que, durante la primera etapa de implementación de las ZUT, no podrán ingresar personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes.

La aclaración llegó después de que la Fiscalía advirtiera que dentro del listado de los 29 integrantes del EGC entregado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz se encuentra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias “Chiquito Malo”, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos y ya cuenta con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía pidió más verificaciones

A través de un comunicado, la Fiscalía explicó que aún no existen suficientes garantías para verificar el cumplimiento real de los compromisos del grupo armado dentro del proceso de paz.

Según la entidad, antes de otorgar beneficios jurídicos es necesario confirmar aspectos como la desarticulación de estructuras armadas, la entrega de armas, la suspensión de actividades criminales, el desmonte de economías ilegales y la liberación de menores reclutados.

“En ese sentido, la ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”, detalló la Fiscalía.